Abogados en Santander

Es muy frecuente que se adquiera un vehículo ofertado por internet y que nos desplacemos a un lugar distinto para formalizar la venta y pagarlo. El problema que se plantea es si posteriormente descubrimos la existencia de vicios ocultos y debemos demandar al vendedor, residente en un partido judicial distante. ¿Se aplicaría el fuero general del domicilio del demandado o podemos acogernos a otro?

La clave está en si el vehículo estaba ofertado por internet. Si el contrato de compraventa del vehículo fue precedida de oferta pública mediante internet, se aplica lo dispuesto en el artículo 52.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

“Cuando las normas del apartado anterior no fueren de aplicación a los litigios en materia de seguros, ventas a plazos de bienes muebles corporales y contratos destinados a su financiación, así como en materia de contratos de prestación de servicios o relativos a bienes muebles cuya celebración hubiera sido precedida de oferta pública, será competente el tribunal del domicilio del asegurado, comprador o prestatario o el del domicilio de quien hubiere aceptado la oferta, respectivamente, o el que corresponda conforme a las normas de los artículos 50 y 51, a elección del demandante.”

La jurisprudencia es clara al respecto. Existen reiteradas resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo en la materia (AATS 10.05.2017, 22.11.2017, 17.09.2018), así como de juzgados de instancia, como el AUTO JPI nº 6 de Santander de 09.10.2019, Juicio Verbal 811/2019):

En el presente supuesto, si bien no puede decirse, como se pretende en la demanda, que el demandante tenga la condición de consumidor, puesto que se trata de un contrato celebrado entre particulares sin que el vendedor tenga la cualidad de profesional, si está ante un contrato de venta de un bien mueble a través de internet, lo que significa que fue precedida de oferta pública, de modo que la acciónejercitada está sujeta al fuero imperativo previsto en el Art. 52.2 LEC que atribuye la competencia territorial a los juzgados correspondientes al domicilio de quien aceptó la oferta, debiendo señalarse que el citado precepto no distingue entre particulares o no, no indicando el ámbito subjetivo de aplicación, es decir, consumidor o empresario, ni excluye a los aceptante no consumidores, lo que determina que la competencia se atribuya a los juzgados de Santander.

En conclusión, la competencia en estos casos corresponde al Juzgado del domicilio del comprador demandante, sin que por tanto sea aplicable el fueron general del domicilio del demandado.

Abogados en Santander: asesoría para reestructuraciones societaria

Abogados en Santander: así se desarrolla un concurso de acreedores

Abogados en Santander: la importancia del concurso de acreedores

SENTENCIA nº 300/2022 de 1 de septiembre, del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Resumen: A través de tres resoluciones judiciales (SS nº 300/2022 de 1 de septiembre, nº 179/22 de 9 de mayo y nº 182/22 de 5 de mayo) el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria estima los recursos de nuestro cliente y anula tres resoluciones administrativas dictadas por el Gobierno de Cantabria en virtud de las cuales acordaba la revocación y reintegro de subvenciones otorgadas para impartir cursos de formación, por importe total de 61.485,53 €. El Tribunal confirma que la Administración, al advertir la falta de documentación justificativa del destino de las subvenciones, debió instar un requerimiento de subsanación en lugar de incoar la revocación y reintegro, no admitiendo la documentación presentada posteriormente. Por otro lado, se aprecia vulneración del principio de proporcionalidad al incoar directamente el reintegro, sin que aquel supuesto incumplimiento lo justificase.

Resolución: las tres sentencias estiman los recursos contenciosos y anulan las resoluciones, argumentando que la Administración actuó incorrectamente al obviar el trámite de requerimiento de documentación acreditativa del destino de la subvención en caso de omisión o falta de claridad de ésta. Dicho trámite estaba previsto en el artículo 14.5 de la Orden HAC/30/2014, de 18 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2014, de las subvenciones en materia de formación. Asimismo, afirma el Tribunal que el principio de proporcionalidad, aplicable en el procedimiento administrativo, se vulnera en este caso considerando el escaso alcance del incumplimiento, que este no fue acompañado de una petición de subsanación, y la importante sanción que supone el reintegro de la subvención.

En los siguientes términos se pronuncian las sentencias:

Incumplimiento del requerimiento de subsanación:

“No sólo la jurisprudencia es proclive a la admisión de esta documentación justificativa de gastos, sino que es propia del mecanismo de subvención en general dentro de las dos fases de justificación inicial y la comprobación posterior (ver Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones y la Ley autonómica 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria), y de la cuestionada en particular. De hecho, es documentación que se aporta como respuesta al requerimiento de la Administración en esta segunda fase de comprobación, siguiendo lo dispuesto en la Orden HAC/30/2014, de 18 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2014, de las subvenciones en materia de formación de oferta, consistentes en la ejecución de acciones formativas dirigidas prioritariamente a los trabajadores desempleados, amparo de la subvención que se revoca parcialmente (…)

No sólo la ausencia de justificación exige un requerimiento de subsanación, sino que, si la documentación presentada se estimase insuficiente, como a renglón seguido esgrime la Administración, estaba obligada a abrir un nuevo trámite de subsanación. Por tanto, la aportación por la entidad recurrente de la novación del contrato de alquiler y de las facturas correspondientes requeridas por la Administración deben ser consideradas en todo caso (…)

Las dudas sobre la veracidad de estos datos debieron ser objeto en tal caso de nuevo requerimiento por considerarlo insuficiente, o bien aportar prueba para rebatirla más allá de meras hipótesis. Lo anterior conlleva la estimación del recurso en cuanto al hecho de no haberse considerado éstos como gastos justificados cuando debieron serlo, provocando la nulidad de la resolución impugnada.”

Principio de Proporcionalidad:

“En conclusión, parece que no ha habido un verdadero incumplimiento de las obligaciones materiales de la subvención, aunque si de la formales, de forma que no se aportó este contrato de arrendamiento modificado, y requerida por la administración, la actora solo aportó la copia, no el original, intentando subsanar esto en el recurso potestativo de reposición, lo que fue desestimando alegando lo dispuesto en la LPA (…)

En definitiva, la sala no puede aceptar, tal como pretende la administración, que se inaplique el principio de proporcionalidad como criterio de graduación cuando no se cuestiona por la Administración convocante que se hayan realizado las actividades subvencionadas -en este caso, de formación- según lo exigido por la Orden de convocatoria; tampoco que las cantidades entregadas y anticipadas, se hayan destinado al fin correspondiente, como tampoco que el requerimiento de la Administración tuviera por finalidad comprobar el cumplimiento de las condiciones esenciales establecidas. Ni que este se cumplimentó aportando una copia, pudiendo haber aceptado la administración la aportación del documento original en trámite de recurso administrativo, como ha sido admitido en varias ocasiones (en asuntos tributarios) por el propio Tribunal Supremo, y sin concluir que se ha justificado coste 0 de la subvención en este extremo.”

Ahora competencia de los Juzgados de lo Mercantil.

Nuestra compañera y socio de Maralta Legal S.L.P, Andrea Nafría Ramos, acaba de ser nombrada Administradora concursal por el Juzgado de Instancia nº12 de Santander . Se trata del concurso de una persona natural quién, sin bienes y con cuantiosas deudas frente a entidades de crédito, solicita el EPI, es decir, la exoneración de todas sus deudas.

Se trata probablemente del último concurso que tramitarán los juzgados de instancia de Cantabria dado que en agosto de 2022 ha entrado en vigor la reforma de la Ley Orgánica del Poder judicial, operada por la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil.

Esta reforma reserva la competencia sobre concursos de personas naturales sean o no comerciantes en los Juzgados de lo Mercantil. En Cantabria, ahora hay dos.

Tratándose de un concurso consecutivo sin masa lo oportuno será comprobar la inexistencia de posibles acciones de rescisión o culpabilidad y solicitar la inmediata conclusión por falta de bienes. Así se abrirá la oportunidad del deudor para solicitar la exoneración o perdón de sus deudas y tendrá lugar la llamada segunda oportunidad.

A partir de ahora y conforme al artículo 86 ter, punto 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial : “Los Juzgados de lo Mercantil conocerán de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil en materia de concurso de acreedores, cualquiera que sea la condición civil o mercantil del deudor, de los planes de reestructuración y del procedimiento especial para microempresas, en los términos establecidos por el texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2020, de 5 de mayo.”

Dado que la reforma de este artículo entró en vigor el 17 de agosto de 2022, desde dicha fecha la competencia exclusiva corresponde a los Juzgados de lo Mercantil, y ello a pesar de que la reforma de la Ley concursal, en el que se recoge esa misma previsión, no haya operado hasta su entrada en vigor el 26 de septiembre de 2022. La razón es lógicamente la preeminencia de la Ley Orgánica sobre una ley ordinaria.