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¿Cómo reclamar indemnización por la inclusión indebida en un fichero de morosos?.

Se calcula que en España hay unas 3 millones de personas cuyos datos han sido cedidos a ficheros de morosos, una medida que se adopta con un fin cuasi coaccionable de presión al supuesto deudor, y la mayoría de las veces sin cumplir las exigencias e incluso basándose en una deuda irreal.

Si usted es un afectado, sepa que con toda seguridad habrán incluido sus datos sin atender a dichos requisitos y por ello puede reclamar una indemnización por intromisión ilegítima en el derecho al Honor. La mera inclusión indebida en el fichero da lugar a indemnización, aparte de otros perjuicios, como no acceder a financiación.

¿Cómo sé si estoy incluido en un fichero de morosos?

Si tiene sospechas o indicios de que sus datos personales han sido incluidos en uno de estos ficheros, la forma de salir de dudas es enviar un escrito o correo electrónico al fichero en cuestión, mediante el cual invocaremos el derecho de acceso y el ejercicio de los derechos de protección de datos. Debe adjuntarse copia del DNI.

Es suficiente con remitir un correo electrónico a la dirección de dichos ficheros. Los más comunes son BADEXCUF (badexcug@experian.com) y ASNEF (sac@equifax.es).

¿Qué requisitos deben cumplirse para que sea lícita la inclusión en un fichero de morosos?

  1. Que la deuda sea real, actual y no esté discutida por el supuesto deudor. Aunque le parezca sorprendente, muchas veces no existe siquiera la deuda que sirve de pretexto para la inclusión, o a veces está calculada o inflada sin criterio. Además, debe persistir en la actualidad (que no se haya abonada y sus datos sigan constando) y que usted no haya mostrado disconformidad o queja con la misma (con un mero correo por su parte, la entidad deberá abstenerse de ceder los datos, aunque al deuda sea real)
  1. Que la deuda se haya reclamado de forma fehaciente al supuesto deudor, con una advertencia expresa de llevar a cabo la inclusión en caso de no pagar.
  1. Que, una vez llevada a cabo la cesión de datos y la inclusión, esta haya sido notificada al supuesto deudor para que tenga conocimiento de ello y pueda ejercer sus derechos a la protección de datos.

Incumplido cualquiera de estos requisitos, la inclusión sería ilegal y supondría una intromisión indebida del derecho al Honor.

inclusión indebida en un fichero de morosos_Maralta legal

¿Cómo es el procedimiento para reclamar?

  1. Una vez comprobado que sus datos han sido incluidos en un fichero, lo primero que hacemos es enviar dos reclamaciones: una al propio fichero para que saque de inmediato los datos personales de su registro, y otra a la empresa que haya cedido los datos, bajo apercibimiento de iniciar reclamaciones judiciales si no lo hacen. Para ello damos un plazo de rigor de 10 días.
  1. En caso de no atender a la petición, formulamos la demanda judicial por intromisión ilegítima del derecho al Honor reclamando una indemnización, respecto a la cual debe saber que:
  • El juzgado competente es el domicilio del propio afectado. Es decir, el pleito se desarrollaría donde usted reside, con la ventaja de proximidad.
  • La demanda la puede interponer el propio afectado y sus herederos. Es decir, el derecho a ser indemnizado por intromisión ilegítima del derecho al Honor no desaparece por el fallecimiento de su titular, se transmite a sus herederos.
  • Se demanda a la empresa que ha cedido los datos al fichero o a quien sea titular del crédito. En caso de que la deuda haya sido transmitida o vendida a una empresa de recobro, ésta será la demandada, pues gozaría de legitimación pasiva.
  • No es necesario haber reclamado previamente ante la Agencia de Protección de Datos: se puede interponer directamente la demanda judicial una vez desatendido el requerimiento previo a la demanda. Aconsejamos acudir a la vía judicial por razones de celeridad y reconocimiento de derechos.
  • Es obligatorio demandar con Abogado y Procurador.

¿Qué plazo tengo para reclamar?

4 años desde que usted se entera que está incluido en el fichero. Por ejemplo, si ha solicitado una hipoteca o financiación para un producto, y le comunican que no se lo conceden al estar incluido en un fichero, en ese momento comenzaría a computar dicho plazo. Lo mismo si es la propia entidad quien se lo comunica. En definitiva, cuando tenga cabal conocimiento de la inclusión.

Tenga en cuenta que es un plazo de CADUCIDAD, no de PRESCRIPCIÓN, por lo que no se interrumpe por la reclamación extrajudicial. Debe reclamar judicialmente antes de su transcurso.

¿Qué indemnización se puede reclamar?

La mera inclusión en el fichero supone una intromisión ilegítima en el derecho al honor susceptible de indemnizarse. Es decir, reconocida la improcedencia de la inclusión por no haber cumplido los requisitos, se presume la existencia de un daño que puede ser indemnizado.

El importe de dicha indemnización es discrecionalidad de los jueces, pero atendiendo a la jurisprudencia que se ha ido desarrollando sobre la materia, consideramos que puede reclamarse un mínimo de 6.000 €. Pero como decimos es discrecional por parte de los jueces y Tribunales, quienes atiende a criterios como duración de la inclusión, grado de publicidad de los datos o negativas previas ante las peticiones de retirada.

Y ello sin perjuicio de que se hayan generado daños y perjuicios por lo haber podido acceder a la financiación de contratos y productos, que pueden sumarse a la reclamación total una vez cuantificados.

  1. ¿Cuáles son nuestros honorarios?

En nuestro despacho de abogados en Santander cobramos un honorario fijo que cubre los gastos de envío de las reclamaciones previas y redacción e interposición de la demanda judicial, por importe de 290€.

Adicionalmente, cobramos un variable que va a éxito: solo si logramos sentencia o acuerdo reconocimiento una indemnización. La cuantía será un porcentaje sobre la cantidad obtenida, y dependerá de dicho importe.

Están incluidos impuestos y honorarios de Procurador.

Los gananciales dejarán de responden

Los gananciales dejarán de responder

Si se aprueba el anteproyecto de reforma de la Ley concursal en su actual versión los bienes gananciales dejarán de responder de las deudas de comercio contraídas por el cónyuge comerciante. No obstante, seguirán respondiendo de las del profesional, artista u oficial.

 

Actualmente el Código de Comercio en sus artículos 6 a 12 dispone que los bienes gananciales responderán de las deudas comerciales de uno de los cónyuges cuando este ejerza el comercio con conocimiento y sin oposición expresa del cónyuge.

Estos artículos proceden de 1975 y constituyen una discriminación para los cónyuges en gananciales o un privilegio para sus acreedores frente a la situación de otros regímenes matrinoniales.

Así las cosas, el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización permitió que el Emprendedor de Responsabilidad Limitada pueda obtener que su responsabilidad y la acción del acreedor, que tenga origen en las deudas empresariales o profesionales, no alcance al bien no sujeto, por excepción de lo que disponen el artículo 1.911 del Código Civil y el artículo 6 del Código de Comercio y siempre que dicha no vinculación se publique en la forma establecida en la citada Ley.

UN PASO MÁS PARA EVITAR ESTA DISCRIMINACIÓN DEL MATRIMONIO EN GANANCIALES es la supresión definitiva de los artículos 6 a 12 del Código de Comercio que prevé la disposición final primera del Anteproyecto de reforma de la Ley Concursal. De aprobarse finalmente dicha supresión los bienes gananciales responderán directamente frente al acreedor de las deudas contraídas por un cónyuge:
1.º En el ejercicio de la potestad doméstica o de la gestión o disposición de gananciales que por ley o por capítulos le corresponda.
2.º En el ejercicio de la profesión, arte u oficio o en la administración ordinaria de los propios bienes.

Pero no responderán de las deudas de comercio (Los gananciales dejan de responder de las deudas de comercio).

Subsiste la cuestión de por qué quedan al margen de esta reforma los matrimonios en gananciales donde uno o ambos cónyuges ejercen una profesión, arte u oficio.

Los artículos citados del Código de Comercio son los siguientes:

Artículo 6

En caso de ejercicio del comercio por persona casada, quedarán obligados a las resultas del mismo los bienes propios del cónyuge que lo ejerza y los adquiridos con esas resultas, pudiendo enajenar e hipotecar los unos y los otros. Para que los demás bienes comunes queden obligados, será necesario el consentimiento de ambos cónyuges.

Artículo 7

Se presumirá otorgado el consentimiento a que se refiere el artículo anterior cuando se ejerza el comercio con conocimiento y sin oposición expresa del cónyuge que deba prestarlo.

Artículo 8

También se presumirá otorgado el consentimiento a que se refiere el artículo 6 cuando al contraer matrimonio se hallare uno de los cónyuges ejerciendo el comercio y lo continuare sin oposición del otro.

Artículo 9

El consentimiento para obligar los bienes propios del cónyuge del comerciante habrá de ser expreso en cada caso.

Artículo 10

El cónyuge del comerciante podrá revocar libremente el consentimiento expreso o presunto a que se refieren los artículos anteriores.

Artículo 11

Los actos de consentimiento, oposición y revocación a que se refieren los artículos 7, 9 y 10 habrán de constar, a los efectos de tercero, en escritura pública inscrita en el Registro Mercantil. Los de revocación no podrán, en ningún caso, perjudicar derechos adquiridos con anterioridad.

Artículo 12

Lo dispuesto en los artículos anteriores se entiende sin perjuicio de pactos en contrario contenidos en capitulaciones matrimoniales debidamente inscritas en el Registro Mercantil.

Segunda oportunidad y concurso

SEGUNDA OPORTUNIDAD Y CONCURSO

Recientemente hemos sido entrevistados por la revista Cantabria Negocios en su número de mayo 260.

Según las estadísticas, por el momento, la crisis de la Covid-19 ha tenido muy poca incidencia en el número de concursos de acreedores

¿crees que esto es debido al ‘efecto espejismo’ que tienen las medidas para paliar los efectos de la crisis (ERTEs e ICOs, por ejemplo) o se debe a otras circunstancias, entre las que podría estar el uso de otros mecanismos alternativos para resolver las insolvencias?

 

La razón ha estado en las acertadas medidas de contención que citas y en la suspensión hasta final de año de la culpabilidad concursal y la responsabilidad por deudas. Con ellas la mayoría de las empresas han optado, por “aguantar a ver si escampa” sin cerrar ni despedir, a costa de incrementar su endeudamiento.

El riesgo, ahora que se inicia una recuperación tendida, es estar encubriendo una situación de deterioro irreversible.

Creemos que, un año y pico después del inicio de la crisis, es hora de aplicar, desde ahora y especialmente durante la segunda mitad de 2021, una segunda línea de medidas extraordinarias de reestructuración temprana. Se trata de evitar que en 2022 se produzca una excesiva destrucción de patrimonio y tejido empresarial vía concurso liquidativo.

 

-Centrándonos ya en los que me comentabas: ¿Cuál crees que sería la principal ventaja de los procedimientos preconcursales frente al concurso de acreedores? ¿Consideras que dan más posibilidades de resolver la insolvencia manteniendo la actividad de la empresa?

 

Se ha producido un incremento en el número de empresas en situación de insolvencia inminente que nos piden preparar el concurso liquidativo. El reto que hemos iniciado es aplicar de aquí a fin de año, medidas de reestructuración temprana con cuatro tipos de acciones:

  • Reorganización operativa del negocio.
  • Ampliaciones de capital y financiación externa.
  • Desinversión de activos u operativa.
  • Negociación del pago de la deuda.

 

En última instancia, nos gustaría evitar la imagen de boxeador noqueado a quién le “tiran la toalla” desde la esquina y no vuelve a pelear. Estamos aprendiendo a retroceder o cerrar un negocio ahorrando el máximo dinero y evitando destruir empleo y activos industriales, para así liberar tiempo y recursos para nuevos proyectos.

 

-Uno de las causas a las que se achacaba la falta de eficacia de los concursos de acreedores para garantizar la continuidad de las empresas es que se acudía a ellos tarde, cuando la situación tenía difícil remedio. Y ello bien por desconocimiento de la herramienta, o bien por evitar el efecto estigmatizado que tenía el concurso, que se entendía siempre como la antesala del cierre. ¿En qué medida crees que esto puede evitarse con estos mecanismos preconcursales o, en sentido contrario, hasta qué punto crees que podría llegar a reproducirse el mismo problema, esto es, recurrir a ellos cuando ya es demasiado tarde?

 

Cuando la empresa no es viable con su deuda actual, es necesario obtener quitas o esperas o transmitir la actividad para obtener el mejor recobro posible para los acreedores. Si el órgano de administración se distrae y no lo hace puede, acabar respondiendo personalmente del daño causado. Para ello, al concurso hay que llegar con los deberes hechos. Aquí es donde los mecanismos preconcurales son esenciales: preconcurso y acuerdo extrajudicial, refinanciación homologada o no, propuesta anticipada de convenio o prepacking (preparación anticipada de venta de unidades productivas). Y funcionan.

 

 

-Sobre la ley de segunda oportunidad y concurso: ¿A qué achacas que se haya utilizado tan poco este mecanismo pensado para que los particulares puedan volver a la vida económica tras una insolvencia? ¿Es por desconocimiento de la herramienta o porque se considera que esta es poco eficaz? En esa línea, ¿la reciente jurisprudencia que considera que las deudas con la administración y la seguridad también pueden ser objeto de quitas y aplazamientos puede dar un nuevo impulso al uso de esta ley?

 

Se trata de una innovación profunda y relativamente reciente (2015 cuya eficacia y éxito son absolutos. Recomendamos a quién arrastre deudas que se informe de inmediato. Es el momento de hacerlo.

El objetivo, como dice la propia ley, es que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer.

Resumiendo mucho, consiste entregar lo tienes para pagar y en el peor de los casos mantener un plan de pagos de cinco años, y así obtener la exoneración o perdón de todo lo que dejes impagado a salvo créditos públicos y de alimentos. Si bien algunos tribunales menores de otras regiones han exonerado también el crédito publico, en Cantabria, hoy día, no es posible y se ha de acudir a intentar negociar con la Administración un aplazamiento.

Segunda oportunidad y concurso. Cantabria Negocios. Mayo 2021.

  • Directiva (UE) 2019/1023, de 20 de junio de 2019, julio de 2021 sobre reestructuración e insolvencia

Fernández Sanz Abogados en Universidad Cantabria

Fernández Sanz Abogados ha impartidos dos de las sesiones prácticas del Master en Dirección de Recursos Humanos en la Universidad de Cantabria. El valor de las personas. Las sesiones se han desarrollado conjuntamente con el abogado laboralista Luis Cordovilla Molero de Rosales Abogados.

Las sesiones prácticas se desarrollaron el pasado jueves y viernes,  3 y 4 de junio de 2021, en horario de 16.00 a 20.00 horas.

La primera versó sobre la relación con los sindicatos y la segunda sobre mediación- conciliación y ORECLA.

Adjunto reproducimos uno de los casos prácticos en el que los alumnos desarrollaron un juego de roll play con distintos papeles.

 

CASO PRÁCTICO desarrollado  por Fernández Sanz Abogados en Universidad de Cantabria

 

La empresa MARYTIERRA, S.L., dedicada al mantenimiento y reparación de astilleros navales cuyo centro de trabajo se ubica en los Astilleros de Santander, Astillero, Cantabria, se plantea tomar la decisión de trasladar a sus tres trabajadores; Facundo del Río, María Ruiz y  Aitor Gómez a un nuevo centro de trabajo ubicado en Astilleros Ría de Avilés, en Avilés, Asturias.

La causa que motiva dicha decisión empresarial es la cancelación de los contratos que tiene la empresa con los Astilleros de Santander, lo que lleva al cierre del centro de trabajo allí ubicado. En adelante, otra empresa MANTIENEYREPARA, S.L. se encargará del mantenimiento de los astilleros.

Ante esta situación, la dirección de la empresa acude al director/a de recursos humanos a fin de consultar qué pasos debe seguir para llevar a cabo dicha medida aplicando todas las garantías legales.

Al mismo tiempo, llega a oídos de los trabajadores la noticia de que su centro de trabajo cierra y, por ello, tengan que ser destinados a los astilleros de Avilés. Esta noticia pone muy nerviosos a los trabajadores, ya que Aitor acaba de comprar una casa en Maliaño para irse a vivir y no quiere que lo trasladen a otro centro de trabajo. Sus compañeros Facundo y María, que son pareja sentimental, están preocupados por su situación familiar ya que tienen dos hijos de 7 y 10 años en pleno curso escolar. Preocupados y nerviosos acuden al sindicato para que les asesoren y orienten sobre si la medida empresarial es justificada o no  y en su caso, qué derechos pueden hacer valer frente a ella.

 

Conoce la ley de Sociedades Profesionales

Se trata de la gran desconocida a pesar de que la mayoría de profesionales aseguran que estarían mejor trabajando en grupo.

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Ayuda a autónomos de SODERCAN

Ayuda a autonómos de SODERCAN

Se aprueba una ayuda de 286 euros para autónomos que no dispongan de la ayuda por cese de actividad, ni del cheque de resistencia de Sodercan.

Es necesario ser residente en Cantabria.

La ayuda se debe solicitar en el plazo de un mes ante SODERCAN y conlleva la obligación de permanecer de alta en el Régimen de Autónomos o Mutualidad correspondiente durante tres meses después del cobro de la ayuda.

Para saber más pincha el enlace: Aqui

El compromiso de mantenimiento del empleo Covid

Dos modificaciones y una aclaración en el compromiso de mantenimiento del empleo Covid en Cantabria.

 

El Real decreto 18/2020, de 13 de mayo, ha introducido DOS MODIFICACIONES y una ACLARACIÓN en relación al compromiso de mantenimiento del empleo Covid en Cantabria vinculado a la utilización de los ERTEs de fuerza mayor. Este compromiso implica la prohibición de despedir durante un periodo de 6 meses. Las novedades son dos:

 

1º. El plazo de 6 meses empezará a contar desde el reinicio de la actividad, aunque sea parcial. Bastará por coma por lo tanto coma el retorno de un solo trabajador para que empiece a contar el plazo de 6 meses.

 

2ª No resultará de aplicación el compromiso de mantenimiento del empleo en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores en los términos del artículo 5.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

 

 

Además se aclara que el compromiso no se entiende incumplido No se considerará incumplido dicho compromiso cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora, ni por el fin del llamamiento de las personas con contrato fijo discontinuo, cuando este no suponga un despido sino una interrupción del mismo.

 

En particular, en el caso de contratos temporales el compromiso de mantenimiento del empleo no se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.

Prórroga de los ERTES de fueza mayor por Covid 19

Situación de los ERTES de fuerza mayor a partir del 13 de mayo de 2020

 

(Real Decreto ley 18/2020 18 de mayo)

 

 

 

A partir del 13 de mayo de 2020 las empresas se pueden encontrar en 3 situaciones:

 

  1. Empresa con IMPOSIBILIDAD ABSOLUTA de reiniciar la actividad por Covid19.
  2. Empresas con AUTORIZACIÓN DE REINICIO CON LIMITACIONES O PARCIAL.
  3. Empresas con AUTORIZACIÓN DE REINICIO sin limitaciones.

 

1.- Empresas que por fuerza mayor derivada del Covid19, tal y como esta es definida en el RD anterior, que TENGAN IMPOSIBILIDAD ABSOLUTA DE REINICIAR su actividad.

 

Estas empresas continuarán en situación de fuerza mayor, derivada de Covid 19 (Art. 22, Real Decreto ley 8/2020) hasta que puedan reiniciar, total o parcialmente, su actividad y, en ningún caso, más allá del 30 de junio de 2020 (Salvo nueva prórroga de estos ERTEs por el Gobierno).

 

Será precisa una declaración responsable del administrador social que confirme este extremo.

 

2.- Empresas en situación de FUERZA MAYOR PARCIAL hasta el 30 de junio de 2020

 

Se trata de empresas que tienen autorización legal o posibilidad real de reiniciar su actividad. Tan pronto como se produzca dicha situación, deben reiniciar la actividad hasta donde sea posible. En caso de que la actividad sólo se pueda reiniciar parcialmente podrán adoptar medidas de ajuste manteniendo parte de la plantilla en suspensión o reducción de jornada hasta que se pueda reiniciar totalmente la actividad o el 30 de junio. Se dará prioridad a las medidas de reducción y contarán con los siguientes beneficios para empresas de menos de 50 trabajadores:

 

Bonificación del 60 % de la aportación empresarial devengada en mayo de 2.020 y el 45% de la aportación empresarial devengada en julio de 2020, respecto de los trabajadores que continúen suspendidos o afectados por una reducción de jornada.

 

Bonificación del 85 % de la aportación empresarial a la Seguridad Social devengada en mayo de 2020 y el 70 % de la aportación devengada en junio respecto de los trabajadores que reinicien la actividad y los períodos y porcentajes de ese reinicio.

 

 

  1. Empresas con posibilidad legal y real de iniciar la actividad.

 

Las empresas deben reiniciar la actividad. Si por causas de producción o demanda necesitan reducir temporalmente su personal deberán iniciar un ETOP, es decir, expediente de regulación temporal de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. Si éste se inicia antes del 30 de junio tendrá una tramitación abreviada y su efecto se retrotrae a la finalización del expediente de fuerza mayor.

Plazo para las cuentas anuales 2019 – Reg Mercantil Cantabria

Plazos para formular, aprobar y depositar cuentas anuales en el Registro Mercantil de Cantabria.

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Jorge Fernández Sanz experto de concursal en el ReICAZ

Nuestro socio senior, Jorge Fernández Sanz, intervendrá como experto de concursal en el ReICAZ.

Hablará de NOVEDADES EN DERECHO CONCURSAL en el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza.

Lo hará en compañía del magistrado especialista en derecho Mercantil, D. Carlos Martinez Marigorta, titular del Juzgado de lo Mercantilnº1 de Santander.

El lunes 4 de mayo, a las 12 horas, formación on-line gratuita para colegiados: «Posibles repercusiones de la crisis del COVID 19 en materia concursal» con D. Carlos Martínez de Marigorta, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil de Santander y D. Jorge Fernández Sanz, Abogado.

En la sesión se hará un repaso de los efectos que la crisis del COVID 19 tendrá sobre las empresas y la conveniencia de utilizar los mecanismo previstos en la Ley Concursal. Igualmente se verán las reformas excepcionales y temporales introducidas por el RDLey 16/2020, de 28 de abril, en materia del deber de solicitar concurso de acreedores y en la valoración de la concurrencia de causa legal de disolución.

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