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El concurso de acreedores es un proceso legal complejo y prolongado en el tiempo que requiere asesoramiento y ayuda de profesionales especializados en el ámbito jurídico. En Maralta Legal, contamos con una dilatada trayectoria y un equipo de abogados altamente cualificados en diferentes ramas del derecho. En este artículo, nos enfocaremos en las distintas fases que conforman el procedimiento de concurso de acreedores, el cual tiene una gran relevancia en el ámbito mercantil y forma parte del tráfico jurídico cotidiano.
Índice
ToggleEl concurso de acreedores es un procedimiento legal que busca la solución a la insolvencia de una empresa, permitiendo la reestructuración de su deuda y la continuidad de su actividad o, en su defecto, la liquidación ordenada de sus activos para el pago de sus deudas. Es un proceso complejo que requiere el cumplimiento de una serie de etapas y trámites legales, y es fundamental contar con el asesoramiento y la representación adecuada durante todo el proceso para proteger los intereses de todas las partes involucradas.
Lo primero que se ha de descartar es que estemos en presencia de una microempresa. Si es así, el procedimiento obligatorio no es el concurso de acreedores sino el procedimiento especial de microempresas a través del servicio electrónico de microempresas. Se consideran microempresas las personas naturales o jurídicas que lleven a cabo una actividad empresarial o profesional y que reúnan las siguientes características:
1.ª Haber empleado durante el año anterior a la solicitud una media de menos de diez trabajadores. Este requisito se entenderá cumplido cuando el número de horas de trabajo realizadas por el conjunto de la plantilla sea igual o inferior al que habría correspondido a menos de diez trabajadores a tiempo completo.
2.ª Tener un volumen de negocio anual inferior a setecientos mil euros o un pasivo inferior a trescientos cincuenta mil euros según las últimas cuentas cerradas en el ejercicio anterior a la presentación de la solicitud.
Dejaremos el análisis del procedimiento especial de micropyme para otro artículo e igualmente dejaremos para otro escrito el desarrollo del Plan de reestructuración.
Centrándonos en el concurso de acreedores tradicional del actual libro I de la Ley concursal contenida en el Texto Refundido aprobado por Real Decreto legislativo 1/2020, podemos decir los siguiente:
El concurso de acreedores es un proceso complejo y dilatado en el tiempo y, además, requiere contar con el asesoramiento y ayuda de profesionales. Por ello, conviene que conozcas cuáles son las 4 fases que componen este procedimiento.
La fase común es el punto de partida del proceso de concurso de acreedores. En esta etapa, la empresa debe presentar la solicitud de concurso de acreedores ante el juzgado competente, el cual será el encargado de iniciar el procedimiento.
Una vez admitida a trámite la solicitud, se procede a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para dar conocimiento a los interesados. A partir de ese momento, se establece un plazo para que los acreedores presenten sus solicitudes de pago de las deudas que tengan pendientes con el deudor. Es importante destacar que estas solicitudes deben estar debidamente justificadas, aportando la documentación necesaria que respalde la existencia y cuantía de la deuda reclamada.
En esta fase, el juez designa a un administrador concursal, que será el encargado de llevar a cabo un análisis inicial de la situación patrimonial y financiera de la empresa. El administrador concursal recopilará información relevante, como el inventario de los activos y pasivos de la empresa, la lista de los acreedores, así como otros datos necesarios para comprender la situación económica y financiera de la empresa en concurso.
Una vez recopilada toda esta información, el administrador concursal elaborará un informe que será presentado al juez y que recogerá los datos esenciales para el desarrollo del procedimiento. Este informe contendrá, entre otros aspectos, el estado de los activos y pasivos de la empresa, una relación de los acreedores y las deudas reclamadas, así como una valoración inicial de la viabilidad de la empresa y las posibles opciones de reestructuración o liquidación.
Es una etapa crucial en la que se recopila información relevante y se designa al administrador concursal, quien desempeñará un papel fundamental en el desarrollo de las siguientes fases del concurso
La fase de convenio es una etapa fundamental en el proceso de concurso de acreedores. Su objetivo principal es lograr un acuerdo entre el deudor y los acreedores para la reestructuración de la deuda y evitar la liquidación del patrimonio de la empresa.
Durante esta fase, el deudor, asistido por el administrador concursal, tiene la oportunidad de presentar propuestas de convenio a los acreedores. Estas propuestas deben contener medidas que permitan la viabilidad futura de la empresa, como quitas (reducción del importe de la deuda) y esperas (ampliación de los plazos de pago).
La propuesta de convenio deberá contener proposiciones de quita, de espera o de quita y espera. La espera no podrá ser superior a diez años. También podrá contener, para todos o algunos acreedores o para determinadas clases de acreedores, con excepción de los acreedores públicos, cuantas proposiciones adicionales considere convenientes el proponente o proponentes sin más limitaciones que las establecidas por la ley. Estas medidas buscan aliviar la carga financiera del deudor y permitirle reorganizar sus finanzas para poder cumplir con sus obligaciones.
Una vez presentadas las propuestas de convenio, los acreedores tienen la posibilidad de aceptarlas, rechazarlas o presentar sus propias contrapropuestas. Durante este proceso, se llevan a cabo negociaciones entre el deudor y los acreedores con el fin de alcanzar un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes.
En caso de que no se logre llegar a un acuerdo o no se presenten propuestas de convenio, el juez puede dar inicio de oficio a la fase de liquidación. Esto implica que se procederá a la venta de los activos de la empresa para pagar a los acreedores en la medida de lo posible.
Se considera pasivo ordinario la suma de los créditos ordinarios y de aquellos créditos privilegiados, especiales o generales, que se hubieran adherido a la propuesta o votado a favor de ella.
Una vez aprobado, el convenio se somete a la aprobación final del juez, quien evaluará su viabilidad y lo homologará si considera que cumple con los requisitos legales.
En resumen, la fase de convenio busca la reestructuración de la deuda y la continuidad de la empresa. Se presentan propuestas de convenio que incluyen quitas y esperas, y se negocia con los acreedores para lograr un acuerdo. Si se alcanza un convenio válido y se aprueba, la empresa podrá seguir operando bajo las condiciones establecidas en el acuerdo.
Es una etapa del proceso de concurso de acreedores que se lleva a cabo cuando no es posible alcanzar un acuerdo en la fase de convenio o cuando el deudor o el administrador concursal consideran que es inviable mantener la actividad de la empresa.
Durante esta fase, se procede a la venta de los activos de la empresa con el objetivo de obtener fondos para el pago de las deudas pendientes. El administrador concursal adquiere un papel aún más relevante, ya que debe sustituir al administrador de la empresa en el ejercicio de sus competencias administrativas.
El administrador concursal elabora un plan de liquidación que establece cómo se llevará a cabo la venta de los activos. Este plan debe ser aprobado por el juez y debe garantizar la máxima realización de los activos, es decir, obtener el mayor valor posible por ellos. Los activos pueden incluir bienes muebles, inmuebles, maquinaria, existencias, entre otros.
Durante el proceso de liquidación, se llevan a cabo subastas, ventas directas o cualquier otro método legal para enajenar los activos de la empresa. Los ingresos obtenidos de la venta se utilizan para satisfacer las deudas de la empresa en función del orden de prelación establecido por la ley. En primer lugar, se pagan los créditos con privilegio especial, como los créditos laborales y los créditos con garantía real. A continuación, se pagan los créditos con privilegio general y, finalmente, los créditos ordinarios.
Es importante destacar que la fase de liquidación implica el cese definitivo de la actividad empresarial. El objetivo principal es liquidar los activos de la empresa de manera ordenada y equitativa para satisfacer en la medida de lo posible las deudas pendientes con los acreedores.
Una vez finalizada la liquidación, se procede a la cancelación de la empresa en los registros correspondientes y se da por concluido el procedimiento de concurso de acreedores.
La fase de calificación es la última etapa del proceso de concurso de acreedores y tiene como objetivo determinar si el concurso ha sido fortuito o culpable. Durante esta fase, se evalúa la conducta del deudor y se determina si ha contribuido a la situación de insolvencia o si se trata de una situación inevitable y ajena a su voluntad.
En primer lugar, el administrador concursal y el Ministerio Fiscal presentan un informe al juez en el que califican el concurso. El informe del administrador concursal recoge todas las actuaciones y datos relevantes del proceso, mientras que el informe del Ministerio Fiscal evalúa la posible existencia de irregularidades o conductas ilícitas por parte del deudor.
Basándose en estos informes, el juez dicta una sentencia de calificación en la que se determina si el concurso es culpable o fortuito.
En el caso de un concurso culpable, se considera que el deudor ha tenido una participación activa en la generación de la insolvencia o en su agravamiento. Esto implica la existencia de dolo o culpa por parte del deudor. La declaración de un concurso como culpable puede tener consecuencias legales para el deudor, como la inhabilitación para administrar bienes ajenos, el pago de indemnizaciones a los acreedores o la imposición de sanciones económicas.
Por otro lado, en el caso de un concurso fortuito, se determina que la insolvencia del deudor ha sido producto de circunstancias externas y ajenas a su voluntad. Es el caso más común en los concursos de acreedores, y no implica ninguna responsabilidad directa del deudor en la generación de la situación de insolvencia.
Es importante destacar que la fase de calificación puede tener un impacto significativo en las consecuencias legales y económicas para el deudor y los acreedores. La declaración de un concurso como culpable puede tener implicaciones graves para el deudor, mientras que en el caso de un concurso fortuito se busca principalmente la satisfacción equitativa de las deudas y la finalización del procedimiento concursal.
En conclusión, si necesitas abogados en Santander que sean especialistas en el procedimiento concursal, no dudes en llamarnos. En la web tienes las diferentes vías para poder contactar con nosotros.
Maralta Legal es un despacho de abogados especializados en derecho mercantil, laboral, administrativo y penal, que cuenta con oficinas en Santander, Torrelavega y Laredo
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