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La STS 336/2023, de 16 de marzo (Rec. 3111/2021) ha confirmado que la representación orgánica del presidente del art. 13.3 de la Ley de Propiedad Horizontal es título suficiente para entablar acciones legales en nombre de la comunidad en vía contencioso – administrativa.

Las comunidades de propietarios – argumenta el Tribunal Supremo – no tienen personalidad jurídica. Al ser el presidente su único y máximo representante legal dentro y fuera de juicio es por lo que se exceptúa la aplicación del art. 45.2.d) de la LJCA, de modo que no es preceptivo que el presidente aporte como prueba documental al anuncio del recurso contencioso – administrativo el acuerdo de la comunidad por el cual se le autoriza a emprender acciones legales en vía contencioso-administrativa. En los siguientes términos:

“(…) En definitiva, como la jurisprudencia indica, en el ejercicio de las acciones judiciales en vía contencioso administrativa, no le es de aplicación las previsiones del art. 42.2.d) de la LJCA a las comunidades de propietarios, que no tienen la consideración de personas jurídicas, estando habilitado el Presidente de la comunidad de propietarios que ostenta su representación que le es suficiente para legitimarle en las acciones emprendidas en este orden, por así no sólo exigirlo la interpretación más acorde con el principio de tutela judicial efectiva, sino también por favorecer de mejor forma el mandato constitucional del control de la actividad administrativa por parte de los órganos jurisdiccionales. (…)

Todo lo dicho nos lleva, obviamente a dar respuesta a la cuestión de interés casacional formulada en el auto de admisión, Determinar si resulta exigible a las comunidades de propietarios la acreditación de la adopción del acuerdo tomando la decisión de entablar acciones por parte del órgano que estatutariamente tenga atribuida la competencia, en el sentido de que a las comunidades de propietarios no les es exigible la acreditación a que se refiere el art. 45.2.d) de la LJCA”.

No es extraño que una empresa con varios centros de trabajo ubicados en distintos puntos de la geografía española tome la decisión de trasladar a uno o a varios trabajadores de un centro de trabajo a otro.

Sin embargo, tal y como exige el art. 40 ET, la decisión empresarial de traslado no puede tomarse sin causa legal que lo motive. Para que la decisión sea ajustada a Derecho deben existir razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen; lo que conocemos como las causas ETOP.

Art. 40.1 ET El traslado de trabajadores que no hayan sido contratados específicamente para prestar sus servicios en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes a un centro de trabajo distinto de la misma empresa que exija cambios de residencia requerirá la existencia de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen. Se considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa, así como las contrataciones referidas a la actividad empresarial.

¿El empresario puede avisarme de un día para otro del cambio de centro de trabajo?

La respuesta no puede ser en otro sentido que negativa. El traslado de centro de trabajo supone un cambio de 180 grados en la vida del trabajador y la de los familiares a su cargo. Por ello la decisión de traslado debe ser notificada por el empresario al trabajador y a los representantes legales con una antelación mínima de 30 días.

¿Puedo negarme a aceptar el traslado?

Una vez notificada la decisión de traslado por el empresario, tienes 3 opciones:
1) Aceptar el traslado. Con derecho a percibir una compensación por los gastos que se deriven del traslado, como gastos de desplazamiento, alquiler, gastos de suministros, así como los gastos que se deriven de los familiares a tu cargo. Y, en todo caso, lo que libremente pactes con el empresario.
2) No aceptarlo, optando por la extinción del contrato.
3) Impugnar la decisión de traslado ante la Jurisdicción Social por no concurrir las causas bajo las que el empresario justifica la medida tomada.

Si opto por solicitar la extinción del contrato, ¿Tengo derecho al cobro de alguna indemnización?

La respuesta a ambas preguntas es rotundamente SI. Tal y como prevé el art. 40.1 ET, si decides optar por la extinción del contrato de trabajo, tendrás derecho al cobro de una indemnización equivalente a la del despido objetivo. Esto es, a 20 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades.

Y…, ¿tengo derecho a cobrar la prestación del paro?

La solicitud de extinción indemnizada de la relación laboral, en ningún caso es equiparable a una baja voluntaria de la empresa, por lo que una vez producida la extinción de la relación laboral podrás solicitar al SEPE la prestación por desempleo.

Si decido impugnar la decisión empresarial ante la Jurisdicción Social, ¿tengo que trasladarme al nuevo centro de trabajo hasta que se dicte sentencia?

La medida de traslado es de naturaleza tal y como dispone el art. 40.1 ET. De forma que en tanto en cuanto los tribunales se pronuncian sobre la justificación de la medida adoptada por el empresario, debes acudir a tu puesto de trabajo en el nuevo centro de trabajo, ya que en caso contrario estaríamos ante una baja voluntaria.

La sentencia declarará el traslado justificado o injustificado y, en este último caso, reconocerá tu derecho como trabajador a ser reincorporado al centro de trabajo de origen.

Si el empresario se negara a llevar a cabo tu reincorporación al centro de trabajo de origen, dispones de un último cartucho frente a la empresa; podrás solicitar la extinción del contrato de trabajo con la indemnización prevista para el despido improcedente; 45/33 días de salarios por año trabajado, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 24 mensualidades.

¿Qué son las comisiones de apertura y cuánto importe me han cobrado?

Las comisiones de apertura en hipotecas han sido objeto de debate en los últimos años, ya que algunos bancos las han cobrado de forma abusiva, sin justificación y sin informar al cliente adecuadamente. La comisión de apertura es un cargo que algunos bancos solicitan al otorgar un préstamo hipotecario y se cobra en el momento de la formalización del préstamo, siendo un porcentaje del capital prestado. Por ejemplo, si el capital prestado fueron 100.000 € y la comisión era de un 1%, se cobraría un importe de 1.000 €.

Podemos consultar su escritura de préstamo hipotecario sin ningún compromiso para verificarle si a usted le cobraron comisión y en cuánto importe.

En teoría, la comisión de apertura se aplica para compensar los costos administrativos y de gestión del banco asociado con el otorgamiento del préstamo hipotecario, pero en realidad son cobros abusivos que se han aplicado sin justificación ni informar adecuadamente al cliente.

¿Se puede reclamar? ¿Hay mucha posibilidad de éxito?

Tras años de dudas jurídicas entre los Tribunales, la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de marzo de 2023 confirma que dichas comisiones son parte accesoria del contrato de préstamo y por tanto están sometidas al control de abusividad, siendo nulas por falta de información sobre el motivo de su cobro. De modo que puede reclamarse su devolución con una gran posibilidad de éxito.

Nuestro despacho cuenta con abogados especializados en derecho bancario y financiero que han ayudado a muchos clientes a reclamar las comisiones de apertura en sus hipotecas, y que a la vista de esta reciente sentencia se avala completamente.

A la devolución de la comisión deben añadirse los intereses legales desde su cobro, cuyo importe puede ser muy considerable si la hipoteca se formalizó hace años.

¿Hay plazo para reclamar?

La reclamación es imprescriptible, y no importa lo antigua que sea la hipoteca.

¿Puedo reclamar la devolución aunque mi hipoteca esté cancelada?

No importa si tu hipoteca es actual o si la ha cancelado en el pasado. Tienes derecho a reclamar y recuperar tu dinero, incluyendo los intereses legales.

Te ofrecemos un servicio integral que cubre todas las etapas del proceso de reclamación, desde la revisión del contrato hipotecario hasta la presentación de la demanda y el seguimiento del caso en los tribunales. Nos comprometemos a una consulta preliminar sin compromiso alguno, confirmándole si a usted le cobraron comisión de apertura y en cuánto importe.