Seguro que en algún momento te has planteado cuánto tiempo tienes para cobrar el finiquito tras finalizar una relación laboral. Es una duda habitual, y no es para menos: aunque pueda parecer un simple trámite, el finiquito es el documento que pone fin a las obligaciones económicas entre empresa y trabajador. Ahí se detallan conceptos clave como el salario pendiente, las vacaciones no disfrutadas o la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Comprender bien este proceso y los plazos legales no solo es fundamental para evitar pérdidas, sino también para ejercer tus derechos con firmeza. En situaciones delicadas, contar con el apoyo de abogados en Santander especializados en derecho laboral puede marcar la diferencia a la hora de reclamar lo que legalmente te corresponde.
¿Qué es el finiquito?
El finiquito es básicamente la cuenta final que cierra la relación laboral. Piensa que es como cuando terminas un contrato y te hacen el balance de todo lo que te deben y te pagan lo justo para dejar todo saldado. En él aparecen varios conceptos que te deben si no se han pagado antes:
Salario pendiente: Lo que te deben por el trabajo hecho hasta el último día.
Vacaciones no disfrutadas: Si te quedan días libres que no usaste, te tienen que pagar.
Parte proporcional de pagas extras: La parte que te corresponde según el tiempo que trabajaste en el año.
Otros conceptos: Como horas extra, pluses o cualquier otro pago que esté pendiente.
Finiquito vs indemnización por despido: ¿son lo mismo?
Un error muy común es confundir el finiquito con la indemnización por despido. No son lo mismo. El finiquito es lo que te pagan por lo que ya tienes pendiente, mientras que la indemnización es un pago extra cuando te despiden sin culpa tuya. Es importante entender esta diferencia para saber qué reclamar y cuándo.
¿Hay un plazo legal para cobrar el finiquito?
Aquí viene lo curioso: la ley española no establece un plazo concreto para pagar el finiquito. Lo normal es que te lo paguen el mismo día que firmas la extinción del contrato, pero no es un requisito legal estricto. Esto puede generar confusión y, en ocasiones, retrasos que afectan a los trabajadores.
Por eso, es muy importante revisar si el convenio colectivo que aplica a tu sector o empresa establece un plazo para el pago. Los convenios pueden poner fechas claras para que no haya dudas.
¿Qué hago si mi empresa se retrasa en pagarme el finiquito?
Si ves que el pago se retrasa, lo primero es revisar el convenio colectivo. ¿Dice algo sobre plazos? Eso te dará un punto de partida para reclamar.
Recuerda que tienes derecho a exigir el finiquito dentro del año siguiente a cuando te deberían haber pagado. Pasado ese tiempo, podrías perder la posibilidad de reclamarlo.
¿Cómo reclamar el finiquito si no me lo pagan?
Si la empresa no cumple, tienes varias opciones:
Reclamar ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS): Un camino administrativo más rápido y económico.
Ir a los tribunales laborales: Más formal y largo, pero con más fuerza legal para asegurar tus derechos.
¿Qué documentos necesito para reclamar?
Para que tu reclamación sea sólida, necesitas tener en orden:
Carta de despido o fin de contrato.
Contrato laboral.
Cualquier comunicación escrita que hayas tenido con la empresa sobre el finiquito.
Tener todo esto claro facilitará el proceso y te dará más seguridad.
¿Cuándo es recomendable consultar a un abogado laboralista?
Si la empresa pone obstáculos o el proceso se complica, contar con un abogado especializado es fundamental. Un profesional te guiará para presentar la reclamación correctamente, te protegerá de posibles irregularidades y hará que la empresa cumpla con la ley.
Consejos para evitar problemas con el finiquito
Si estás en una relación laboral o finalizándola, toma nota de estos consejos prácticos:
Mantén tus documentos laborales siempre actualizados y organizados.
Infórmate sobre el convenio colectivo que aplica a tu sector.
Siempre que hables con la empresa sobre el finiquito, hazlo por escrito (email, carta).
Si eres empresa, establece procedimientos claros para pagar finiquitos y evita retrasos.
Conocer bien tus derechos y los plazos para cobrar el finiquito te protege de problemas y abusos. Aunque la ley no marque un plazo exacto, el sentido común y las buenas prácticas recomiendan que este pago se realice inmediatamente tras finalizar el contrato. Ante cualquier dificultad, los abogados laboralistas son el aliado que te puede ayudar a hacer valer tus derechos.
Preguntas frecuentes
¿Qué documentos necesito para reclamar el finiquito?
La carta de despido, el contrato laboral y las comunicaciones con la empresa.
¿Existe un plazo legal para pagar el finiquito?
No, pero generalmente se paga al finalizar la relación laboral o según el convenio colectivo.
¿Qué puedo hacer si mi empresa se retrasa en el pago?
Consultar el convenio, reclamar ante el INSS o acudir a tribunales laborales.
¿Es necesario un abogado para reclamar?
No siempre, pero sí es muy recomendable para asegurar tus derechos.
¿Qué pasa si no reclamo antes de un año?
Podrías perder el derecho a reclamar el pago del finiquito.
El término insolvencia empresarial puede sonar técnico, ¿verdad? Pero detrás de ese término formal se esconde una situación muy concreta (y preocupante): cuando una empresa ya no puede pagar sus deudas. Es algo que puede pasarle a cualquiera, especialmente a pymes y autónomos, que muchas veces operan con recursos ajustados y márgenes muy estrechos. En estos casos, contar con el respaldo de abogados en reestructuración empresarial puede marcar la diferencia entre una recuperación viable o una liquidación inevitable.
Imagina por un momento que tienes una tienda o un pequeño negocio. Todo marcha bien hasta que una serie de impagos, una mala racha de ventas o un gasto inesperado te dejan sin liquidez. Si no puedes pagar a tus proveedores, empleados o a Hacienda, es posible que estés entrando en una situación de insolvencia. Y lo cierto es que, cuanto antes se detecten las señales, más posibilidades hay de encontrar una salida viable.
Este post está pensado para ti, que te estás planteando si necesitas la ayuda de un abogado especializado en insolvencia. Vamos a repasar los errores más frecuentes en la gestión financiera que pueden llevar a una empresa a esta situación. Lo haremos paso a paso, con un lenguaje claro y directo, ejemplos concretos y un enfoque práctico.
Errores Comunes en la Gestión Financiera
Muchas veces, la insolvencia no llega de un día para otro. Se va gestando, casi sin darnos cuenta, a través de pequeñas decisiones —o de la falta de ellas— que van debilitando la salud financiera del negocio. A continuación, veremos los fallos más habituales que pueden poner en riesgo la continuidad de una empresa.
Falta de Control del Flujo de Caja
¿Por qué es tan importante?
Piénsalo como el oxígeno de tu negocio. El flujo de caja (es decir, el dinero que entra y sale) es lo que mantiene viva a la empresa. Aunque tengas buenas ventas, si no tienes efectivo disponible para pagar sueldos, facturas o impuestos, los problemas no tardarán en aparecer.
¿Dónde suele fallar?
Ingresos poco realistas: A veces esperamos cobrar en una fecha determinada… pero el pago se retrasa semanas. Si no se tiene en cuenta esto, el desajuste puede ser grave.
Gastos imprevistos: Un equipo que se rompe, una subida inesperada en la factura de la luz, o un gasto urgente pueden desbaratar cualquier previsión.
Falta de seguimiento: Muchos negocios no revisan sus cuentas hasta que hay un problema. Y entonces, ya es tarde.
¿Qué puede pasar?
Falta de liquidez: Lo más evidente. No puedes cubrir gastos básicos, y eso pone en jaque el día a día de tu empresa.
Atrasos e intereses: Dejar de pagar a tiempo genera intereses, recargos y puede dañar tu reputación como empresa.
Pérdida de oportunidades: Si aparece una oportunidad de inversión o crecimiento y no tienes recursos disponibles, simplemente la dejas pasar.
¿Qué puedes hacer?
Haz revisiones periódicas de tus cuentas. No solo para saber cómo vas, sino para anticiparte a posibles baches.
Planifica con antelación, especialmente si tu negocio es estacional.
Diversifica tus fuentes de ingreso. Depender de un solo cliente o canal puede ser arriesgado.
Endeudamiento Excesivo
¿Por qué nos endeudamos?
Es normal recurrir a financiación externa para crecer o cubrir una necesidad puntual. El problema surge cuando el nivel de deuda supera la capacidad real de pago del negocio.
Algunos motivos frecuentes:
Proyectos mal planificados: Se calcula mal el retorno de una inversión y la deuda se vuelve insostenible.
Crecimiento desordenado: Querer crecer demasiado rápido, sin una base sólida.
Ausencia de estrategia financiera: No tener claro cómo se va a devolver el dinero prestado.
¿Qué consecuencias tiene?
Problemas para pagar: Cuando gran parte de los ingresos se va en pagar deudas, el margen de maniobra se reduce.
Pérdida de control: Tener demasiados acreedores puede limitar tu capacidad de tomar decisiones.
Riesgo de insolvencia: Si los ingresos no alcanzan, el desenlace puede ser inevitable.
¿Cómo evitarlo?
Ajusta el nivel de endeudamiento a tus posibilidades reales.
Revisa periódicamente tus préstamos y busca opciones de refinanciamiento.
No pidas dinero sin una planificación clara y medible.
Mala Planificación Fiscal o Contable
Este punto es más común de lo que parece. La gestión fiscal y contable no es solo para cumplir con Hacienda. Es una herramienta para tomar mejores decisiones.
¿Dónde suelen estar los errores?
Desconocimiento: No saber exactamente qué obligaciones fiscales se tienen.
Descuidos: Presentar tarde declaraciones o cometer errores en las cifras.
Falta de asesoramiento: No contar con un profesional que revise o supervise las cuentas.
¿Qué puede pasar?
Multas y sanciones: Hacienda no suele tener mucha paciencia con los errores.
Problemas de liquidez: Un pago inesperado de impuestos puede desajustar tu flujo de caja.
Pérdida de credibilidad: Inversores o socios pueden perder confianza si hay errores graves.
¿Qué puedes hacer?
Rodéate de buenos asesores fiscales y contables.
Ten al día tus libros contables.
Planifica tus obligaciones fiscales como parte del presupuesto mensual.
Reacción Tardía ante Impagos o Pérdidas Recurrentes
Es natural pensar que todo se resolverá con el tiempo. Pero ignorar los problemas financieros es una receta para el desastre. Si notas que los impagos aumentan o que mes tras mes hay pérdidas, es hora de actuar.
¿Qué puede ayudarte?
Implementa alertas financieras: sistemas sencillos que te avisen cuando algo no va bien.
Consulta con tu asesor antes de que la bola crezca.
Evalúa seriamente si necesitas reestructurar o ajustar tu negocio.
Mezcla de Finanzas Personales y Empresariales
Un clásico. Muchos autónomos y pequeños empresarios acaban mezclando cuentas personales con las del negocio. Pero esto puede generar una gran confusión.
¿Por qué es un problema?
No sabes cuánto gana realmente la empresa.
Es difícil detectar fugas de dinero.
Puedes tomar decisiones basadas en datos incompletos.
¿Cómo evitarlo?
Usa cuentas bancarias separadas.
Asigna un sueldo claro si eres socio o administrador.
Lleva una contabilidad clara y transparente.
Preguntas Frecuentes sobre Insolvencia Empresarial
¿Cuál es la causa más común de insolvencia en pymes?
La falta de control del flujo de caja. Puedes tener beneficios, pero si no hay dinero en caja, no podrás pagar.
¿Cómo puedo evitar sobreendeudarme?
Con una buena planificación y revisando de forma realista los ingresos esperados.
¿Qué pasa si mezclo finanzas personales y empresariales?
Pierdes claridad. No sabes si lo que estás gastando es del negocio o tuyo, y eso puede llevarte a errores importantes.
¿Qué papel juega la planificación fiscal?
Uno muy importante. Si no prevés tus pagos a Hacienda, pueden cogerte por sorpresa y afectar tu liquidez.
¿Cómo se puede mejorar el control del flujo de caja?
Con seguimiento frecuente, planificación de ingresos y gastos, y buscando formas de diversificar tus ingresos.
En el ámbito jurídico y empresarial, el concurso de acreedores representa una herramienta clave para afrontar situaciones de insolvencia de forma estructurada. Este procedimiento, gestionado frecuentemente por abogados en Santander y en toda España, permite a empresas y profesionales reorganizar sus obligaciones económicas conforme a un marco legal establecido. Conocer en detalle las ventajas y desventajas del concurso de acreedores es esencial tanto para quienes enfrentan dificultades financieras como para los acreedores involucrados. En este artículo analizamos de forma objetiva su regulación, modalidades y consecuencias prácticas
Definición y Propósito del Concurso de Acreedores
El concurso de acreedores es, esencialmente, un proceso legal diseñado para resolver situaciones críticas donde una entidad ya no puede cumplir con sus obligaciones financieras de manera regular. La principal función de este procedimiento es salvaguardar los intereses de los acreedores, facilitando al mismo tiempo la reestructuración de las deudas del deudor. En otras palabras, busca un equilibrio entre el cobro efectivo de las deudas y ofrecer una oportunidad al deudor de continuar con su actividad empresarial.
Importancia del Procedimiento en la Gestión de Insolvencia
La importancia de este procedimiento radica en su capacidad para reordenar el despacho de pagos y ofrecer una salida más estructurada al problema de la insolvencia. Un concurso de acreedores bien gestionado puede significar la diferencia entre la continuidad de un negocio o su desaparición total del mercado.
Marco Legal del Concurso de Acreedores
Regulación por la Ley 16/22
En España, el marco legal que regula este tipo de procedimientos es la Ley 16/22, que establece con claridad los pasos y procedimientos que deben seguirse en casos de insolvencia. Esta ley no solo clarifica las obligaciones de las partes implicadas, sino que también fija un plazo concreto para la presentación voluntaria del concurso, lo cual es esencial para evitar sanciones.
Obligaciones Legales en Casos de Insolvencia
Según la ley, toda empresa o autónomo que se encuentre en situación de insolvencia tiene la obligación de presentar concurso de acreedores en un plazo máximo de dos meses desde que tenga conocimiento de su situación financiera precaria. Este requerimiento legal subraya la importancia de la diligencia y la responsabilidad en la gestión de las operaciones financieras.
Modalidades de Concurso de Acreedores
Diferencias entre Concurso Voluntario y Forzoso
Existen dos modalidades principales para acceder a este proceso: el concurso voluntario y el concurso forzoso.
Concurso voluntario: Es cuando el mismo deudor toma la iniciativa de solicitar el concurso, reconociendo su incapacidad para hacer frente a las deudas. Esto no solo le permite demostrar buena fe ante los acreedores, sino que también le ofrece la posibilidad de presentar un plan de reestructuración que posibilite la continuidad de las operaciones comerciales.
Concurso forzoso: Este es iniciado por los acreedores cuando el deudor no ha tomado medidas para resolver su situación de insolvencia. Aquí, los acreedores pueden solicitar al juez la intervención para salvaguardar su patrimonio.
Requisitos para Presentar Cada Tipo de Concurso
Para cada tipo de concurso, existen requisitos específicos. En el caso del concurso voluntario, se requiere una declaración formal de insolvencia y cumplimiento con el plazo legal estipulado. El concurso forzoso, por otro lado, exige a los acreedores demostrar que el deudor ha incumplido con sus compromisos financieros.
Ventajas del Concurso de Acreedores
Protección de los Derechos de los Acreedores
Una de las mayores ventajas del concurso de acreedores es que ofrece a los acreedores la posibilidad de cobrar sus deudas de forma ordenada, evitando pérdidas mayores y el caos que podría sobrevenir de una quiebra desorganizada.
Preservación y Continuidad del Negocio
El objetivo final del concurso de acreedores no es necesariamente la liquidación del deudor, sino más bien la preservación del negocio. Al permitir la reestructuración de las deudas y dar un respiro financiero, el deudor puede concentrar esfuerzos en encontrar alternativas viables que garanticen la supervivencia a largo plazo de la empresa.
Paralización de Ejecuciones de Deuda
También es crucial mencionar que durante este proceso, se consiguen paralizar las ejecuciones de deuda, lo cual otorga al deudor el tiempo necesario para reorganizar sus estrategias financieras sin la amenaza inminente de perder activos.
Opciones de Reestructuración de Deudas
El concurso de acreedores permite al deudor proponer planes que pueden incluir la reducción de saldos deudores, la reprogramación de pagos, y la búsqueda de fuentes de financiamiento nuevas o alternativas.
Desventajas del Concurso de Acreedores
Costos y Complejidad del Proceso
Iniciar un proceso de este tipo implica asumir costos significativos, tanto para el deudor como para los acreedores. Estos incluyen honorarios legales, gastos administrativos, y la necesidad de servicios de asesoramiento especializados.
Impacto Negativo en la Reputación del Negocio
Además, la noticia de una insolvencia y la entrada en procedimiento concursal pueden golpear duramente la reputación de la empresa, afectando las relaciones comerciales, la confianza de los clientes, y la moral de los empleados.
Procedimiento del Concurso de Acreedores
El proceso para presentar un concurso voluntario supone elaborar una lista detallada de activos y pasivos, así como una memoria de hechos justificativa, que debe ser presentada ante el juzgado competente.
Acciones de los Acreedores en un Concurso Forzoso
Cuando se trata del concurso forzoso, los acreedores deben reunir pruebas suficientes que justifiquen la insolvencia del deudor antes de solicitar la intervención judicial.
Consecuencias del Incumplimiento
Sanciones Legales por No Presentar a Tiempo
El incumplimiento con las obligaciones de presentación del concurso en tiempo y forma puede acarrear sanciones legales severas, incluyendo la responsabilidad personal de quienes están al frente de la empresa, como administradores o directores.
Efectos sobre la Disolución del Negocio
En los casos más extremos, la falta de acción puede culminar con la disolución total del negocio, lo que implica un impacto devastador tanto económico como social para todos los involucrados.
Impacto en la Relación con la Hacienda y Seguridad Social
Consecuencias para el Pago de Nóminas y Obligaciones Fiscales
Además, la insolvencia puede tener un impacto directo sobre el pago de nóminas y las obligaciones fiscales, incluyendo contribuciones a la Seguridad Social. Esto repercute negativamente en el personal y el historial fiscal de la empresa, añadiendo capas de complejidad a una situación ya difícil.
En conclusión, el concurso de acreedores es un mecanismo clave en la gestión de insolvencias. Pese a sus desafíos, ofrece un marco claro para la resolución de problemas financieros graves.
Para gestionar eficientemente este proceso, se recomienda actuar con diligencia, buscar asesoramiento especializado y mantener siempre una comunicación transparente con los acreedores.
¿Qué es el concurso de acreedores?
Es un procedimiento legal para resolver situaciones de insolvencia, protegiendo tanto a deudores como a acreedores.
¿Cuáles son las ventajas de iniciar un concurso de acreedores?
Sus principales ventajas son la protección de acreedores, paralización de ejecuciones y posibilidad de reestructuración financiera.
¿Qué puede suceder si no se presenta el concurso de acreedores a tiempo?
El incumplimiento puede conllevar sanciones legales y la posible disolución del negocio.
¿Cómo afecta el concurso de acreedores a mi relación con Hacienda?
La insolvencia puede afectar el pago de obligaciones fiscales, trayendo posibles sanciones administrativas.
¿Quién puede solicitar un concurso forzoso?
Los acreedores si el deudor no ha tomado la iniciativa de realizar un concurso voluntario a tiempo
La anulación de la plusvalía municipal en España representa un cambio de gran relevancia dentro del marco fiscal y jurídico, con implicaciones directas para propietarios, herederos y operadores del mercado inmobiliario. Desde el punto de vista de un abogado en Santander con experiencia en derecho tributario, comprender los fundamentos, efectos y procedimientos asociados a esta medida es esencial para ofrecer una orientación precisa y efectiva a quienes se vean afectados.
Historia y contexto del impuesto
El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido comúnmente como plusvalía municipal, ha sido una de las principales fuentes de financiación para los ayuntamientos en España. Su objetivo era gravar el supuesto incremento del valor que experimentan los terrenos urbanos entre el momento de adquisición y el de transmisión. Este tributo se aplicaba tanto a ventas como a herencias y donaciones.
Fundamentos de su aplicación
El impuesto se calculaba a través de un método objetivo que, en muchos casos, no consideraba si realmente existía un aumento en el valor del terreno. Este criterio automático originó numerosas controversias, especialmente durante y después de la crisis inmobiliaria, cuando se produjeron ventas a precios inferiores al de compra. A pesar de estas pérdidas, los contribuyentes debían hacer frente al pago del impuesto.
Jurisprudencia y evolución legal
A raíz de las múltiples reclamaciones presentadas por particulares y empresas, el Tribunal Constitucional se pronunció en varias ocasiones sobre la constitucionalidad del impuesto. En diferentes sentencias, declaró la nulidad de ciertos artículos del texto legal al considerar que el impuesto vulneraba principios fundamentales, como el de capacidad económica.
El punto de inflexión se dio con la resolución que anuló el método de cálculo del impuesto cuando no existía un incremento real en el valor del terreno. Esta decisión afectó a la aplicación general del tributo y obligó a los legisladores a reformular su diseño para ajustarse a los criterios constitucionales.
Impacto sobre las transmisiones inmobiliarias
Desde un punto de vista práctico, la anulación de los artículos clave del IIVTNU supuso una transformación importante en las operaciones de compraventa. Los contribuyentes que acrediten haber transmitido un inmueble por un valor igual o inferior al de adquisición quedan exentos del pago del impuesto. Esta situación exige ahora un análisis individualizado de cada operación.
El nuevo enfoque ha motivado una mayor necesidad de documentación precisa sobre el valor real de adquisición y de transmisión, así como sobre los gastos asociados a la operación. Para un abogado, esto implica un estudio detallado del historial del bien y la correcta interpretación del régimen fiscal aplicable.
Implicaciones para herencias y donaciones
La plusvalía municipal también se devengaba en los casos de transmisiones mortis causa o inter vivos. La anulación parcial de la normativa ha incidido directamente en este ámbito. Dependiendo de si existe o no incremento de valor, las transmisiones hereditarias o por donación podrían quedar exentas.
Es importante tener en cuenta que la legislación local de cada municipio puede establecer bonificaciones específicas para determinados grados de parentesco, como cónyuges o descendientes. Sin embargo, la obligación del pago del impuesto queda condicionada, desde las resoluciones del Constitucional, a la existencia de un incremento efectivo del valor del terreno.
Procedimientos de reclamación
Los contribuyentes que abonaron el impuesto en situaciones en las que no existió incremento de valor disponen de mecanismos para reclamar la devolución de las cantidades pagadas. La vía administrativa comienza con una solicitud ante el Ayuntamiento correspondiente. En caso de que la respuesta sea negativa, existen alternativas como la reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo o, en última instancia, la interposición de un recurso contencioso-administrativo.
Desde una perspectiva jurídica, es fundamental presentar pruebas contundentes de la inexistencia de incremento patrimonial. La documentación suele incluir escrituras, tasaciones, certificados registrales y justificantes de gastos. Además, es importante verificar si el plazo para reclamar no ha prescrito.
Situación actual de la Anulación de la Plusvalía Municipal
Tras las resoluciones del Tribunal Constitucional, el legislador ha introducido modificaciones normativas con el fin de restablecer la legalidad del impuesto bajo nuevos criterios. Actualmente, se contemplan métodos de cálculo alternativos y se permite al contribuyente optar por el que resulte más favorable. Esta flexibilidad busca alinear la fiscalidad con la realidad económica, aunque su aplicación práctica sigue siendo objeto de revisión y mejora.
Los ayuntamientos, por su parte, han tenido que adaptar sus ordenanzas fiscales para incorporar los cambios legislativos. Esta adaptación no siempre se ha producido de manera uniforme, lo que genera diferencias entre municipios y, por tanto, la necesidad de un análisis caso por caso.
Recomendaciones profesionales
Ante este escenario, es recomendable que cualquier persona que participe en una operación de transmisión de bienes urbanos —ya sea por compraventa, herencia o donación— solicite asesoramiento jurídico especializado. Un estudio riguroso permitirá identificar si procede la liquidación del impuesto o si, por el contrario, se puede instar su exoneración o devolución.
También se recomienda revisar situaciones pasadas en las que se haya abonado el impuesto para determinar si se puede ejercitar algún tipo de acción de reclamación. Aunque la posibilidad de éxito dependerá de múltiples factores, entre ellos los plazos legales, la documentación disponible y la situación económica del bien, no debe descartarse sin un análisis técnico.
Preguntas frecuentes sobre la plusvalía municipal
¿Qué es la plusvalía municipal?
Es un impuesto que grava el supuesto incremento del valor de los terrenos urbanos cuando se transmiten, ya sea por compraventa, herencia o donación.
¿En qué casos se puede reclamar lo pagado?
Cuando no haya existido incremento de valor en el terreno transmitido, y se pueda acreditar con documentación, existe la posibilidad de reclamar lo abonado si no ha prescrito.
¿Afecta esta anulación a todas las transmisiones?
No necesariamente. Solo a aquellas en las que no exista un incremento real de valor. Si el terreno ha aumentado de precio desde la última transmisión, el impuesto puede seguir siendo exigible.
¿Cómo se determina si hubo o no incremento de valor?
Comparando el valor de adquisición con el valor de transmisión, teniendo en cuenta los gastos derivados de la operación y ajustándose a los métodos legales de valoración.
¿Es necesario acudir a un abogado para reclamar?
No es obligatorio, pero sí recomendable. El asesoramiento legal asegura que la reclamación se formule correctamente, con la documentación adecuada, y dentro de los plazos previstos por la ley
La baja laboral es un derecho fundamental que permite a los trabajadores por cuenta propia suspender sus actividades laborales cuando enfrentan problemas de salud. Para los autónomos, este derecho les otorga la posibilidad de seguir adelante con su actividad sin perder totalmente sus ingresos, incluso en situaciones como enfermedades comunes, accidentes laborales o maternidad/paternidad. Sin embargo, el proceso y las condiciones pueden variar, por lo que contar con abogados en Santander especializados en derecho laboral puede ser esencial para entender correctamente los trámites y asegurar que se respeten todos los derechos del autónomo en este tipo de situaciones.
Derechos de los Autónomos en Caso de Baja Laboral
Los autónomos tienen el derecho a percibir prestaciones por incapacidad temporal, maternidad o paternidad, siempre y cuando estén inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y cumplan ciertos requisitos de cotización. Estos derechos aseguran un respaldo económico durante el periodo de inhabilitación laboral, brindando tranquilidad y seguridad a los trabajadores independientes.
Tipos de Bajas Laborales para Autónomos
Existen diferentes tipos de bajas laborales que un autónomo puede solicitar, cada una con sus propias características y requerimientos. A continuación, se detallan los distintos tipos de bajas.
Baja por Enfermedad Común
La baja por enfermedad común se aplica cuando un autónomo no puede realizar su actividad laboral debido a una enfermedad no relacionada con su trabajo. Durante los primeros 20 días, la prestación económica es menor, iniciándose con un 60% de la base reguladora. A partir del día 21, el porcentaje aumenta al 75%. Es importante notar que para acceder a esta prestación, es necesario haber cotizado al menos 180 días en los últimos cinco años.
Baja por Enfermedad Laboral
Este tipo de baja está destinada a enfermedades directamente relacionadas con las condiciones laborales del autónomo, como dolencias causadas por posturas repetitivas o exposición a productos químicos. La prestación se otorga desde el primer día de la baja, equiparándose a la que se recibe por un accidente laboral.
Baja por Accidente Laboral
La baja por accidente laboral cubre cualquier tipo de lesión que ocurra durante el ejercicio de las actividades profesionales del autónomo, incluyendo los accidentes de trayecto, conocidos como in itinere. Al igual que la baja por enfermedad laboral, las prestaciones comienzan desde el primer día del accidente y no requieren de un periodo de cotización previo.
Baja por Maternidad o Paternidad
Las bajas por maternidad o paternidad proponen una prestación del 100% de la base de cotización durante un lapso de 16 semanas. De estas, las 6 primeras son de disfrute obligatorio inmediato tras el nacimiento. Además, las trabajadoras autónomas tienen derecho a una bonificación del 80% de su cuota por contingencias comunes al regresar al trabajo.
Trámites para Acceder a la Baja Laboral
Para que los autónomos puedan acceder a las prestaciones por baja laboral, deben cumplir con una serie de trámites administrativos y requisitos tanto generales como específicos.
Requisitos Generales
– Alta en el RETA: Es imprescindible que el trabajador esté dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en el momento de la solicitud de la baja.
–Corriente en el pago de cuotas: El autónomo debe estar al día con el pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social para poder calificar a la prestación.
Requisitos Específicos
Los requisitos específicos varían según el tipo de baja laboral:
– Enfermedad Común o Accidente Laboral: Se requiere una cotización de al menos 180 días en los últimos cinco años.
– Maternidad o Paternidad: Para menores de 21 años, no hay exigencias de cotización. Los de entre 21 y 26 años deben haber cotizado 90 días en los 7 años anteriores o 180 días en total. Aquellos de más de 26 años, necesitan haber cotizado al menos 180 días durante los últimos siete años o un año a lo largo de su vida laboral.
Duración de la Baja Laboral
La duración estándar de una baja laboral es de 365 días, con la posibilidad de prorrogarla por hasta 180 días adicionales si se prevé una recuperación médica durante este periodo. En el caso de enfermedades profesionales, es posible extender este periodo inicial en seis meses adicionales para la observación y diagnóstico del padecimiento.
Prestaciones Económicas durante la Baja
Las prestaciones económicas recibidas durante una baja varían según el tipo de baja y la duración de la misma.
Diferencia en Prestaciones
– Enfermedad Común: Desde el día 4 hasta el 20, el autónomo cobra el 60% de la base de cotización; desde el día 21, el porcentaje sube al 75%.
– Accidente Laboral o Enfermedad Profesional: La prestación se cobra desde el primer día con el 75% de la base reguladora.
– Maternidad o Paternidad: Se otorga el 100% de la base de cotización por 16 semanas.
Bonificaciones para Autónomas después de la Baja por Maternidad
Finalmente, las autónomas que se reincorporan al trabajo tras una baja por maternidad, tienen derecho a una bonificación en las cuotas de cotización del 80% por contingencias comunes. Esto representa un apoyo significativo en su vuelta al emprendimiento y la conciliación de la vida laboral y personal.
Conocer los derechos y beneficios que ofrece la baja laboral para autónomos es fundamental para asegurar la estabilidad económica durante los periodos de inactividad laboral por salud o razones familiares. El sistema, a pesar de sus complicaciones, ofrece una red de seguridad indispensable para aquellos que emprenden por cuenta propia.
¿Cuál es el periodo mínimo de cotización para recibir la prestación por enfermedad común?
Se requiere haber cotizado al menos 180 días en los últimos cinco años.
¿Los autónomos tienen derecho a acumulación de días de baja por maternidad y paternidad?
Sí, en algunos casos pueden compartir y acumular periodos de baja por maternidad y paternidad.
¿Qué ocurre si un autónomo no está al corriente de pago de sus cotizaciones?
No podrá acceder a las prestaciones por baja laboral hasta que regularice su situación
¿Se requiere justificación adicional para solicitar una prórroga en caso de enfermedad profesional?
Sí, se debe documentar la necesidad médica de extender el periodo de observación y diagnóstico.
Cuando una empresa atraviesa una fase en la que no puede hacer frente a sus compromisos financieros de manera regular, surge la necesidad de explorar opciones legales que ofrezcan una salida a esta situación. En estos momentos, es cuando los abogados especializados en concurso de acreedores juegan un papel crucial, orientando a los empresarios sobre el mejor camino a seguir.
Cuándo Declarar el Concurso de Acreedores
Insolvencia Actual o Inminente
Un deudor se encuentra en situación de insolvencia cuando no puede cumplir regularmente con sus obligaciones financieras. La insolvencia puede ser actual o inminente. Esta etapa suele ser crítica, ya que declarar un concurso a tiempo puede evitar situaciones más complejas y de mayor responsabilidad.
Existencia de Múltiples Acreedores
Otro requisito indispensable para declarar un concurso es la existencia de varios acreedores. Este elemento subraya la espectro de acreedores que las empresas tienen, desde proveedores hasta instituciones financieras, cuyo pago se encuentra comprometido debido a la insolvencia del deudor.
Plazo para Presentar el Concurso de Acreedores
La Ley Concursalestablece un plazo implacable de dos meses desde que el deudor tiene conocimiento de su estado de insolvencia para presentar la solicitud de concurso. No cumplir con esta directriz puede derivar en un concurso culpable, lo que implica serias consecuencias legales y posibles responsabilidades personales para los administradores de la empresa. Según los datos del Registro de Auditores y Cuentas de España, el retraso en la presentación del concurso es una de las razones más comunes para la declaración de concurso culpable, implicando sanciones más allá de lo financiero.
Procedimiento para Presentar el Concurso
Solicitud del Concurso Ante el Juzgado de lo Mercantil
La solicitud debe ser presentada ante el Juzgado de lo Mercantil , el domicilio social de la empresa deudora. Este trámite debe ser cumplido de manera meticulosa, preferentemente con la asistencia de un abogado especialista en insolvencia, quien posee el conocimiento necesario para asegurar que se cumplan todos los requerimientos legales.
Documentación Necesaria para la Solicitud
Una correcta y completa documentación es crucial durante este proceso. Se requiere presentar:
– Una memoria económica que refleje la situación financiera real de la entidad.
– Un inventario de bienes y derechos de la empresa.
– Una lista exhaustiva de acreedores, junto con la cuantía de sus créditos.
– Otros documentos financieros que sustenten la situación de insolvencia.
La recopilación y presentación de estos documentos requiere precisión para evitar retrasos o complicaciones legales.
Tipos de Concurso de Acreedores
Concurso Voluntario
La iniciativa de solicitar el concurso proviene directamente del deudor que reconoce su insolvencia, lo que le permite mantener cierto control sobre el proceso y estipular condiciones más favorables para una reestructuración.
Concurso Necesario
Iniciado por los acreedores cuando, después de intentos fallidos de cobrar la deuda, acuden al juez para reclamar justicia a través de un procedimiento concursal.
Ventajas y Desventajas del Concurso de Acreedores
El concurso puede proporcionar un alivio significativo a las empresas insolventes, permitiéndoles una reorganización estructurada y, en ocasiones, una segunda oportunidad para reflotar financieramente. Pone un techo a las demandas individuales de los acreedores, promoviendo un trato igualitario. No obstante, presenta desventajas. El procedimiento puede ser largo, costoso y, de no gestionarse adecuadamente, llevar a la pérdida total del negocio.
Importancia del Asesoramiento Legal
Contar con abogados expertos en insolvencias es absolutamente vital. Un asesoramiento adecuado asegura que cada fase del concurso se lleva a cabo conforme a lo establecido en la normativa vigente y protege a los involucrados de cometer errores que puedan derivar en consecuencias serias, como la declaración de culpabilidad.
Consecuencias de la Declaración de Concurso Culpable
Una declaración de concurso culpable puede acarrear graves consecuencias. Los administradores podrían enfrentarse a responsabilidades personales, que extienden la carga financiera más allá de la corporativa. Este tipo de declaración suele involucrar una minuciosa evaluación de las operaciones y decisiones pasadas de la empresa.
Enfrentar una situación de insolvencia es un desafío significativo para cualquier empresa, grande o pequeña. El concurso de acreedores ofrece una estructura que puede facilitar una solución ordenada y legal a los problemas financieros. Sin embargo, es fundamental actuar con prontitud y criterio, considerando todas las implicaciones legales y económicas del procedimiento.
¿Qué sucede si no declaro el concurso de acreedores a tiempo?
Un retraso puede conllevar la declaración de concurso culpable, trayendo consigo responsabilidades personales y sanciones para los administradores.
¿Qué documentación es necesaria para presentar un concurso de acreedores?
Se requiere una memoria económica, inventario de bienes y derechos, y una lista de acreedores, entre otros documentos financieros.
¿Cuál es la diferencia entre un concurso voluntario y uno necesario?
Un concurso voluntario lo solicita el propio deudor, mientras que uno necesario es iniciado por los acreedores.
¿Por qué es importante contar con asesoramiento legal durante un concurso de acreedores?
Un asesoramiento adecuado asegura que el proceso se maneje según la ley, evitando errores que puedan complicar la situación financiera o legal del deudor.
Enfrentar un proceso de desahucio es una de las situaciones más difíciles para cualquier propietario. La incertidumbre sobre los plazos y el comportamiento del inquilino puede generar estrés y afectar gravemente a la estabilidad económica y emocional del arrendador. Para gestionar este tipo de conflictos de manera rápida y eficiente, es fundamental contar con el apoyo de abogados en Santander especializados en desahucios, que puedan guiar el proceso legal y asegurar una solución rápida y efectiva.
Actuar con rapidez en un desahucio es clave para evitar pérdidas económicas mayores y daños en la propiedad. Sin embargo, muchos propietarios desconocen los pasos legales que deben seguir o cometen errores formales que retrasan el proceso. A continuación, analizamos en detalle los tipos de desahucios, los procedimientos legales disponibles y las mejores estrategias para recuperar la vivienda lo antes posible.
2. Tipos de Desahucios y Procedimientos Asociados
Desahucio por Impago de Alquiler
Este es el tipo de desahucio más común. Ocurre cuando el inquilino deja de pagar la renta en las fechas acordadas en el contrato de arrendamiento.
Plazos y procedimientos aplicables:
El propietario puede iniciar el proceso de desahucio tras el primer impago, pero es recomendable esperar al menos dos meses para fortalecer la demanda.
La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece un plazo mínimo de 30 días para que el inquilino salde la deuda antes de proceder con la demanda.
¿Cuándo se puede iniciar la demanda?
Si el inquilino no paga después de recibir el burofax de requerimiento, se puede presentar directamente la demanda de desahucio ante el juzgado.
Desahucio por Expiración del Contrato
Cuando finaliza el contrato de arrendamiento y el inquilino no abandona la vivienda, el propietario tiene derecho a recuperar el inmueble mediante un procedimiento de desahucio.
Requisitos legales para recuperar la posesión:
El contrato debe estar correctamente registrado y haber finalizado formalmente.
Es necesario enviar una notificación formal al inquilino, dándole un plazo razonable para abandonar la vivienda.
Plazos a respetar:
Si el inquilino no abandona la vivienda tras la notificación, el propietario puede iniciar una demanda de desahucio por expiración del contrato.
Desahucio por Ocupación Ilegal (Desahucio Exprés)
La ocupación ilegal (okupas) es una de las situaciones más complejas para un propietario, ya que implica recuperar la vivienda de personas que han accedido sin contrato ni consentimiento.
Procedimiento acelerado frente a okupas:
La Ley 5/2018 permite solicitar el desalojo inmediato de los okupas mediante un proceso simplificado.
El propietario debe presentar una demanda ante el juzgado con pruebas de titularidad (escritura o contrato de compraventa).
Requerimientos para iniciar el proceso exprés:
Documento que acredite la propiedad.
Pruebas de ocupación ilegal (facturas, registros de consumo, etc.).
Desahucio por Incumplimiento de las Condiciones del Contrato
Si el inquilino incumple las cláusulas del contrato, como subarrendar sin permiso o causar daños a la vivienda, el propietario puede iniciar un proceso de desahucio.
Subarriendos no autorizados:
Si el contrato prohíbe el subarriendo y el inquilino lo realiza, el propietario puede iniciar el desahucio.
Daños en la vivienda o uso indebido:
El propietario debe documentar los daños mediante fotografías o informes periciales para reforzar la demanda.
3. Procedimiento Legal para un Desahucio Exprés: Paso a Paso
Redacción y envío del burofax
El primer paso es notificar al inquilino mediante un burofax, detallando la causa del desahucio y concediendo un plazo para corregir la situación (si es posible).
Contenido y requisitos legales:
Datos del propietario y del inquilino.
Motivo del desahucio y plazo de respuesta.
Importancia de la fecha de recepción:
La fecha de recepción marca el inicio de los plazos legales para presentar la demanda.
Presentación de la demanda de desahucio
Si el inquilino no responde o no corrige la situación, se puede presentar la demanda en el juzgado correspondiente.
Documentación necesaria:
Contrato de arrendamiento.
Pruebas de impago o incumplimiento.
Elección del procedimiento:
Ordinario (si hay complejidad legal).
Exprés (para impagos y ocupaciones ilegales).
Notificación al inquilino y plazo de respuesta
El juzgado notificará al inquilino la demanda de desahucio, otorgándole un plazo para responder.
Consecuencias de la falta de respuesta:
Si el inquilino no responde, se dicta sentencia de lanzamiento directo.
Vista judicial (si procede)
Si el inquilino presenta oposición, el juez convocará una vista para resolver el caso.
Lanzamiento o recuperación de la vivienda
Si la sentencia es favorable al propietario, el juzgado fijará una fecha para el lanzamiento (desalojo).
4. Estrategias para Acelerar el Proceso de Desahucio
Para acelerar un proceso de desahucio, es fundamental aplicar correctamente el procedimiento exprés, que está diseñado para resolver casos de impago o ocupación ilegal en un tiempo reducido. El procedimiento exprés permite que el propietario recupere la posesión de la vivienda de manera rápida, siempre que se cumplan todos los requisitos legales y la documentación esté en orden. Si el propietario sigue correctamente los pasos legales, puede reducir significativamente el tiempo de resolución y evitar complicaciones futuras.
Además, es crucial documentar correctamente los impagos o incumplimientos del contrato. Esto implica conservar los recibos de pago pendientes, los burofaxes enviados al inquilino y cualquier otra prueba que demuestre la falta de cumplimiento de las obligaciones contractuales. Una documentación clara y completa fortalece la posición del propietario ante el juez y reduce las posibilidades de que el inquilino presente objeciones válidas para retrasar el proceso.
En casos donde exista un riesgo de daños en la vivienda o una ocupación conflictiva, es recomendable solicitar medidas cautelares. Esto permite al propietario asegurar el inmueble y evitar que el inquilino cause más daños mientras se resuelve el proceso judicial. Las medidas cautelares también protegen al propietario frente a situaciones en las que el inquilino intenta dilatar el proceso de manera intencionada.
5. Consecuencias Legales para el Inquilino tras el Desahucio
Un desahucio no solo implica la pérdida de la vivienda para el inquilino, sino que también acarrea importantes consecuencias legales que pueden afectar a su situación financiera y crediticia a largo plazo. Una de las principales consecuencias es la inscripción en registros de morosos. Si el inquilino ha dejado de pagar la renta o ha acumulado una deuda con el propietario, esta información puede ser comunicada a registros como ASNEF o RAI. Esto dificultará que el inquilino pueda acceder a nuevos contratos de alquiler o incluso a productos financieros como préstamos o tarjetas de crédito.
El propietario también tiene el derecho de reclamar por daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual o de los desperfectos ocasionados en la vivienda. Si el inquilino ha dejado de pagar el alquiler o ha causado daños materiales en la propiedad, el propietario puede presentar una demanda civil para reclamar el importe de los impagos y los gastos asociados a la reparación de la vivienda. En muchos casos, los jueces conceden al propietario el derecho a recuperar estos gastos, siempre que estén debidamente documentados.
Además, una vez que un inquilino ha sido objeto de un desahucio, tendrá serias dificultades para acceder a futuros contratos de alquiler. Los propietarios suelen consultar registros de morosos y antecedentes de impagos antes de aceptar a un nuevo inquilino, por lo que un historial de desahucio puede convertirse en un obstáculo importante para encontrar una nueva vivienda en el mercado de alquiler.
6. Alternativas y Soluciones Amistosas para Evitar el Desahucio
En algunos casos, es posible evitar un desahucio mediante soluciones amistosas que beneficien tanto al propietario como al inquilino. Una de las estrategias más efectivas es la mediación extrajudicial. La mediación permite que ambas partes, con la asistencia de un profesional, lleguen a un acuerdo que evite la vía judicial y facilite una resolución más rápida y menos costosa. A través de la mediación, el propietario y el inquilino pueden negociar plazos de pago, reducción temporal de la renta o una salida pactada de la vivienda sin necesidad de recurrir a los tribunales.
Otra opción viable es la renegociación de la deuda y la flexibilización de pagos. Si el inquilino atraviesa una situación económica complicada pero está dispuesto a cumplir con sus obligaciones, el propietario puede ofrecer una reestructuración de la deuda, permitiendo pagos fraccionados o una reducción temporal de la renta. Este tipo de acuerdo no solo facilita la continuidad del contrato, sino que también evita los costes y complicaciones de un proceso judicial.
En algunos casos, puede resultar más beneficioso para ambas partes acordar un desalojo voluntario mediante una compensación económica. El propietario puede ofrecer al inquilino una cantidad económica a cambio de que abandone la vivienda de manera voluntaria y en una fecha pactada. Este tipo de acuerdo permite recuperar la vivienda rápidamente sin necesidad de acudir a un proceso judicial, que suele ser más largo y costoso.
Preguntas Frecuentes sobre Desahucios Exprés
¿Cuánto tarda realmente un desahucio exprés? Un desahucio exprés puede resolverse en un plazo de 30 a 60 días, dependiendo de la carga de trabajo del juzgado y de la rapidez con la que se presenten las pruebas y la documentación.
¿Puedo cambiar la cerradura si el inquilino no paga? No, cambiar la cerradura sin una orden judicial constituye un delito de coacción y puede traer consecuencias legales para el propietario. Solo el juez puede autorizar el lanzamiento de la vivienda.
¿Qué pasa si el inquilino abandona la vivienda antes del lanzamiento? Si el inquilino abandona la vivienda antes de la fecha de lanzamiento, el propietario debe notificar al juzgado para cerrar el proceso judicial y evitar costes adicionales.
Recomendaciones Profesionales
Si te enfrentas a un proceso de desahucio, el primer paso es acudir a abogados especializados en desahucios para recibir asesoramiento personalizado. Un abogado con experiencia te ayudará a presentar la demanda correctamente y a evitar errores que puedan retrasar el proceso. Además, contar con un profesional asegura que todas las pruebas y documentos estén en orden, fortaleciendo tu posición ante el juez.
Es importante documentar correctamente todos los impagos, incumplimientos o daños ocasionados en la vivienda. Conservar los contratos, las notificaciones y los recibos de pago facilitará la presentación de la demanda y aumentará las posibilidades de obtener una resolución rápida y favorable.
Por último, actúa con rapidez. Iniciar el proceso legal en cuanto se detecta un incumplimiento reducirá el impacto económico y evitará que la situación se prolongue en el tiempo. La rapidez en la actuación, junto con una asesoría legal profesional, son las claves para recuperar la vivienda de manera eficiente y sin complicaciones.
Sentencia Nº 89/2025 de 17 de marzo del Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Santander: Responsabilidad Civil y Cobertura del Seguro en Daños por Obras (RESPONSABILIDAD DE EXPLOTACIÓN VS PROFESIONAL)
El Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Santander ha dictado sentencia estimatoria de la demanda interpuesta por nuestro despacho profesional en un procedimiento contra una aseguradora, condenándola al pago de 16.836,98 € por los daños derivados de la ejecución defectuosa de unas obras de rehabilitación en un edificio. La empresa constructora encargada de las obras fuera declarada responsable de los desperfectos en un proceso judicial anterior. Sin embargo, al ser insolvente, y nuestro cliente, afectado, interpuso demanda contra la aseguradora de la constructora, ejerciendo su derecho de acción directa conforme al artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS).
La aseguradora intentó eludir su responsabilidad alegando que la póliza no cubría los daños reclamados al ser una póliza intitulada RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL y por tanto de EXPLOTACIÓN, no PROFESIONAL, invocando la diferencia jurisprudencial de la famosa STS 730/2018, de 20 de diciembre, por la que se establece lo siguiente:
«Es conocido que los daños causados en el ejercicio de la actividad empresarial o profesional, sobre el objeto a reparar, tienen su cobertura más directa en el seguro de responsabilidad civil profesional, pues no es de recibo que el seguro de explotación asegure la mala praxis desarrollada sobre el bien manipulado, salvo que así se pacte expresamente.
El seguro de explotación pese a esa limitación, como razona la parte recurrida, sigue cubriendo los daños producidos en elementos ajenos al que se está trabajando, y su objeto no es asegurar la impericia contractual, ni el resultado del trabajo».
Sin embargo, la jueza rechaza esta interpretación restrictiva, señalando que los daños causados por defectos en la ejecución también están cubiertos por la responsabilidad civil general.Recuerda que, según el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS), las cláusulas limitativas de derechos en una póliza deben estar redactadas de forma clara y destacada y que si hay dudas sobre la interpretación del contrato, deben resolverse a favor del asegurado y del tercero perjudicado.La aseguradora no probó que la póliza excluyera expresamente este tipo de daños, por lo que el tribunal aplica el principio «in dubio pro asegurado» y confirma la cobertura.En los siguientes términos:
“La documental aportada por la parte actora, póliza, se denomina responsabilidad civil general, con una franquicia de 300€ está en la página 58 de 86 y lejos de inexistir, cobertura el daño por el que se reclama, defectuosa ejecución del a obra está contemplado y fue objeto de inclusión y contratación en la póliza.”
Sentencia Nº 44/2025 de 28 de febrero del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander: Anulación de Liquidación de Plusvalía Municipal y el Papel de la Comunidad de Bienes
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santander ha dictado una interesante sentencia estimatoria en el recurso interpuesto por nuestro despacho profesionalcontra el Ayuntamiento de Santander. La sentencia anula la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU, Plusvalía Municipal), que ascendía a 20.362,09 €, al considerar que el cálculo del impuesto realizado por el Ayuntamiento no respetaba el periodo correcto de generación del incremento de valor del terreno.
Claves del caso: el papel de la Comunidad de Bienes con carácter traslativo.
Uno de los aspectos centrales de la controversia es la consideración del periodo de generación del incremento de valor del terreno sobre el que se aplicó la plusvalía municipal. El Ayuntamiento consideró que el terreno había sido adquirido en 1965, momento en el que el suelo era rústico y no estaba sujeto al impuesto de plusvalía municipal. Sin embargo, con posterioridad, el terreno pasó a formar parte de una Comunidad de Bienes, la cual se disolvió en 2008 tras la promoción y construcción de edificaciones tras convertirse en suelo en urbano. En ese momento se produjo la adjudicación del terreno a los comuneros, y la clave está en el carácter traslativo de la disolución, en los siguientes términos:
“Se trató, con dicha autoadjudicacion, de una transmisión de bienes de carácter traslativo desde la adquision del terreno en el 28 de junio de 1965, pues desde la compra de la finca se intervino tanto con la construcción (con las diversas actuaciones administrativas que constan en el expediente administrativo como la declaración de obra nueva en construcción, licencia de obra….) como en el reparto definitivo, lo que suponía que no es de aplicación lo dispuesto en el articulo 2.3. de la Ordenanza Municipal del IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA como se menciona en la resolución expresa dictada por la Administración, que establece, sobre el hecho imponible que no está sujeto a este impuesto, en el apartado “g) Los de disolución de condominio por adjudicación a uno de los cotitulares, siempre que se den los siguientes requisitos: 1º Indivisibilidad del bien o grave desmerecimiento por la división. 2º En caso de existir compensación, que ésta se entregue por el comunero que recibe el exceso”. Desde el momento de la compra hasta la disolución de la CB se mantuvo una unidad, sin intervención de terceros, existiendo un único bien que, con las sucesivas intervenciones, derivó en una concreta entrega de bienes. Es esta fecha, 23 de enero de 2008, la que debe de computar a los efectos de liquidación del impuesto como primera entrega.”
Uno de los mayores temores de cualquier persona que atraviesa un proceso de Segunda Oportunidad es perder su vivienda habitual. Para quienes enfrentan dificultades económicas, conservar la vivienda representa mucho más que estabilidad financiera: es una fuente de seguridad emocional y familiar. Nuestros abogados de Segunda Oportunidad reciben con frecuencia consultas sobre este tema, ya que muchas personas buscan una solución legal que les permita mantener su hogar y recuperar el equilibrio económico.
La Ley de Segunda Oportunidad está diseñada para ofrecer un respiro a las personas endeudadas, permitiéndoles reestructurar o cancelar parte de sus deudas y comenzar de nuevo. Sin embargo, el tratamiento de la vivienda en este proceso depende de varios factores clave, como la existencia de una hipoteca, el estado de pago de la misma y las decisiones que adopte el juez encargado del caso. A continuación, analizamos en detalle qué ocurre con la vivienda en estos casos y qué opciones tienen los deudores para proteger su hogar.
¿Es posible conservar la vivienda en un proceso de Segunda Oportunidad?
La posibilidad de conservar la vivienda durante un proceso de Segunda Oportunidad depende principalmente de dos factores:
– Si la vivienda es la residencia habitual o una segunda vivienda. – El estado de la deuda hipotecaria: si está al corriente de pago o presenta impagos.
Factores clave que determinan el futuro de la vivienda
Naturaleza de la vivienda – La ley establece diferencias entre la vivienda habitual y una segunda residencia, otorgando mayor protección a la primera.
Estado de la hipoteca – Si el deudor mantiene los pagos de la hipoteca al día, hay más posibilidades de conservar la vivienda.
Decisión judicial – El juez tiene la potestad de incluir o excluir la vivienda del proceso de liquidación, en función de las circunstancias económicas y familiares del deudor.
Comportamiento de los acreedores – Los acreedores podrán solicitar que la vivienda sea liquidada
El Tratamiento de la Vivienda en un Proceso de Segunda Oportunidad
1. Diferencia entre vivienda habitual y segunda vivienda
La vivienda habitual está mejor protegida por la ley porque se considera un bien esencial para la estabilidad del deudor y su familia.
Una segunda vivienda o propiedad vacacional no goza de la misma protección y es más probable que sea incluida en el proceso de liquidación para satisfacer las deudas.
2. Valoración del activo y deuda hipotecaria
El valor de mercado de la vivienda y el saldo pendiente de la hipoteca son elementos fundamentales para determinar si es viable conservar la casa. Si el valor de la vivienda es inferior a la deuda hipotecaria, es más probable que el juez permita la conservación de la propiedad.
3. Impacto del saldo pendiente de la hipoteca
Si tras la liquidación de la vivienda queda un saldo pendiente, el deudor podría beneficiarse de la exoneración de la deuda residual siempre que cumpla con los requisitos de la Ley de Segunda Oportunidad.
¿Puedo Conservar mi Vivienda?
1. Hipoteca al corriente de pago
Si el deudor ha mantenido el pago de la hipoteca de manera puntual, las posibilidades de conservar la vivienda son mayores.
¿Qué ocurre si sigo pagando la hipoteca durante el proceso? Si el deudor continúa cumpliendo con las cuotas hipotecarias, el banco no tendrá motivos para solicitar la ejecución de la hipoteca, por lo que la vivienda podría quedar fuera del proceso de liquidación.
Cómo negociar con el banco para mantener la vivienda Es posible renegociar las condiciones de la hipoteca con el banco, buscando una reducción de la cuota o una ampliación del plazo para facilitar el pago.
2. Hipoteca con impagos o en mora
Si el deudor ha dejado de pagar la hipoteca, la situación se complica.
Consecuencias de los impagos en el proceso concursal El banco puede solicitar la ejecución de la hipoteca y, si el juez lo autoriza, la vivienda podría ser subastada para cubrir parte de la deuda.
¿El banco puede ejecutar la hipoteca durante el proceso? Sí, pero dependerá de la decisión del juez y de las circunstancias particulares del caso.
3. Dación en pago como alternativa
Si el valor de la vivienda es inferior a la deuda pendiente, el deudor puede negociar una dación en pago con el banco.
¿Es posible entregar la vivienda y cancelar la deuda restante? Si el banco acepta la dación en pago, el deudor podrá entregar la vivienda y quedar liberado de la deuda hipotecaria.
Repercusiones legales y fiscales de la dación en pago Es importante analizar las consecuencias fiscales de la dación en pago, ya que podría generar una ganancia patrimonial que tendría que declararse en el IRPF.
La Vivienda en la Fase de Liquidación de Bienes
¿Se incluye la vivienda en el plan de liquidación?
Si la vivienda está hipotecada y el deudor está al corriente de pago, el juez podría excluirla de la liquidación.
Criterios que usa el juez para decidir sobre la vivienda
Necesidad de mantener una residencia para el deudor y su familia.
Estado de la deuda hipotecaria.
Valor de mercado de la vivienda en relación con la deuda pendiente.
Deuda Hipotecaria y Exoneración
¿Se exonera la deuda hipotecaria tras la liquidación?
La deuda hipotecaria no se exonera automáticamente tras la liquidación de bienes, pero el saldo pendiente podría quedar cancelado si el juez lo autoriza.
¿Se puede negociar una quita o refinanciación posterior?
Sí, el banco puede aceptar una reducción de la deuda o una refinanciación para permitir que el deudor mantenga la vivienda.
Consecuencias Fiscales y Patrimoniales
¿Hay que tributar por la cancelación de la deuda hipotecaria?
Si la deuda hipotecaria es cancelada mediante una dación en pago, podría considerarse una ganancia patrimonial y estar sujeta a tributación.
Preguntas Frecuentes
1. ¿Qué ocurre si la vivienda está a nombre de mi cónyuge? Si la vivienda es propiedad del cónyuge y no está vinculada a la deuda, podría quedar fuera del proceso.
2. ¿Qué pasa si el valor de la vivienda es inferior a la deuda hipotecaria? Podría negociarse una quita o una dación en pago.
3. ¿Me pueden desahuciar durante el proceso concursal? No, si el juez autoriza la conservación de la vivienda y se mantiene el pago de la hipoteca.
Conservar la vivienda en un proceso de Segunda Oportunidad es posible, pero depende de la naturaleza de la vivienda, el estado de la hipoteca y las decisiones judiciales. La asesoría legal especializada es clave para diseñar la mejor estrategia y proteger el patrimonio familiar.
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By Manuel
