Abogados en Santander-Laredo-Torrelavega

Cuando una empresa comienza a acumular deudas, pierde liquidez y tiene dificultades para cumplir sus obligaciones, una de las decisiones más importantes es determinar cómo afrontar esa situación. En este contexto, comprender las diferencias entre el concurso voluntario y el concurso necesario resulta fundamental para proteger los intereses de la empresa, sus acreedores y sus administradores.

No es lo mismo que una sociedad solicite su propio concurso de acreedores a que sea uno de sus acreedores quien promueva el procedimiento judicial. Aunque ambas vías se encuentran reguladas por la legislación concursal española, presentan diferencias relevantes en su tramitación, en las facultades de administración y en las posibilidades de anticiparse a los problemas.

En Maralta Legal, como despacho de abogados en Santander, consideramos especialmente importante que empresarios y responsables de pymes conozcan estas diferencias antes de que una situación económica complicada se convierta en una crisis difícil de gestionar.

Qué es un concurso de acreedores y cuándo puede necesitarlo una empresa

El concurso de acreedores es un procedimiento judicial destinado a abordar determinadas situaciones de insolvencia de personas físicas o jurídicas.

Su finalidad es ordenar la situación patrimonial del deudor, establecer cómo deben tratarse los créditos de sus acreedores y determinar si existen posibilidades de continuidad empresarial o si resulta necesario proceder a la liquidación.

Es importante entender que entrar en concurso de acreedores no significa necesariamente que una empresa tenga que cerrar de inmediato.

En determinadas circunstancias, puede mantenerse la actividad mientras se desarrolla el procedimiento. En otras, la situación económica puede hacer inviable la continuidad del negocio.

La solución dependerá de factores como la capacidad de generar ingresos, el volumen de deuda, los activos disponibles y las posibilidades reales de reorganización.

Qué se considera insolvencia empresarial

La legislación concursal distingue entre distintas situaciones económicas.

Existe insolvencia actual cuando el deudor no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.

Por ejemplo, una empresa puede encontrarse en esta situación cuando acumula impagos con proveedores, entidades financieras o administraciones públicas y carece de capacidad suficiente para atender sus vencimientos de forma regular.

También existe la insolvencia inminente, que permite al deudor anticiparse cuando prevé que, dentro de los tres meses siguientes, no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones.

Esta distinción resulta especialmente importante porque permite estudiar determinadas soluciones antes de que los impagos se generalicen.

Qué legislación regula el concurso de acreedores en España

La principal referencia normativa es el Texto Refundido de la Ley Concursal, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, y posteriormente reformado, entre otras disposiciones, por la Ley 16/2022.

Esta normativa regula los presupuestos para solicitar el concurso, sus efectos sobre el deudor, la intervención de la administración concursal y las distintas soluciones del procedimiento.

Concurso voluntario vs. necesario: cuáles son las principales diferencias

La diferencia fundamental entre ambas modalidades se encuentra en quién solicita la declaración judicial del concurso.

En el concurso voluntario, la iniciativa corresponde al propio deudor.

En el concurso necesario, la solicitud procede de un acreedor u otro sujeto legalmente legitimado.

Sin embargo, esta diferencia inicial tiene consecuencias que van mucho más allá de quién presenta la documentación ante el juzgado.

Concurso voluntario: cuando la empresa solicita el procedimiento

El concurso voluntario se produce, con carácter general, cuando el propio deudor solicita judicialmente la declaración de concurso.

En el caso de una sociedad mercantil, la decisión de presentar la solicitud corresponde al órgano de administración, de acuerdo con las reglas legales aplicables.

Esta vía permite que la empresa afronte su situación de insolvencia por iniciativa propia, sin esperar necesariamente a que un acreedor promueva el procedimiento.

Pensemos en una pyme de Santander que lleva varios meses experimentando una reducción importante de ingresos.

La empresa ha intentado renegociar sus pagos, pero sus previsiones financieras muestran que no podrá atender regularmente las obligaciones que vencen próximamente.

En una situación así, resulta necesario analizar si existe insolvencia actual o inminente y qué instrumentos legales pueden utilizarse.

Solicitar el concurso voluntario puede ser una de las alternativas, aunque no necesariamente la única.

Concurso necesario: cuando la solicitud procede de un acreedor

El concurso necesario se produce, con carácter general, cuando la declaración se solicita por un acreedor u otro sujeto legitimado, en los términos previstos legalmente.

Por ejemplo, un proveedor que acumula facturas impagadas puede valorar la solicitud de concurso si concurren los presupuestos legales exigidos.

No obstante, un simple impago aislado no significa automáticamente que pueda declararse el concurso necesario de una empresa.

La solicitud debe fundamentarse en los hechos legalmente previstos y cumplir los requisitos procesales correspondientes.

Además, el deudor dispone de mecanismos para oponerse cuando considere que no concurren los presupuestos necesarios para la declaración.

Tabla comparativa: concurso voluntario y concurso necesario

Aspecto	Concurso voluntario	Concurso necesario
Quién lo solicita	El propio deudor	Un acreedor u otro legitimado
Situación de insolvencia	Actual o inminente	Actual, con los requisitos legales aplicables
Administración del patrimonio	Regla general: intervención de facultades	Regla general: suspensión de facultades
Iniciativa	Parte del deudor	Parte de un tercero legitimado
Responsabilidad de administradores	Debe analizarse según su actuación	También depende de las circunstancias del caso
Continuidad empresarial	Puede ser posible	También puede ser posible

La diferencia entre intervención y suspensión de facultades es especialmente relevante, pero conviene recordar que el juez puede modificar el régimen general en los supuestos previstos por la ley.

Cómo afecta cada modalidad al control de la empresa

Una de las principales preocupaciones de los empresarios que se enfrentan a un concurso de acreedores es saber si podrán seguir tomando decisiones sobre su negocio.

La respuesta depende de la modalidad concursal, de las resoluciones judiciales y de las circunstancias del procedimiento.

Facultades de administración en el concurso voluntario

Como regla general, en el concurso voluntario el deudor conserva sus facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, aunque quedan sometidas a la intervención de la administración concursal.

Esto significa que puede continuar realizando determinadas actuaciones de gestión, pero dentro del régimen de supervisión y autorización que corresponda.

No debe confundirse esta situación con una libertad absoluta para disponer de los bienes empresariales.

La finalidad del control concursal es proteger el patrimonio y garantizar que las decisiones se ajusten a las exigencias del procedimiento.

Facultades de administración en el concurso necesario

En el concurso necesario, la regla general es la suspensión de las facultades de administración y disposición del deudor, que pasan a ejercerse por la administración concursal.

Este cambio puede tener consecuencias importantes en la gestión cotidiana de la empresa.

Sin embargo, tampoco significa que el órgano de administración desaparezca automáticamente o que la sociedad deba cesar toda actividad.

El alcance de las funciones y las posibilidades de continuidad deben analizarse conforme a la normativa y a las decisiones judiciales.

¿Puede el juez modificar estas reglas?

Sí. La legislación permite establecer un régimen diferente al que corresponde inicialmente a cada modalidad cuando concurren las circunstancias previstas.

Por tanto, no sería correcto afirmar que en todos los concursos voluntarios el empresario mantiene el control o que en todos los concursos necesarios lo pierde definitivamente.

Cada procedimiento requiere un análisis individualizado.

Cuándo debe una empresa solicitar el concurso de acreedores

Una de las cuestiones más delicadas en una situación de insolvencia es determinar cuándo debe actuar el órgano de administración.

Retrasar una decisión puede agravar los problemas económicos, reducir las posibilidades de negociación y aumentar los riesgos jurídicos.

El plazo legal para solicitar el concurso

Con carácter general, el deudor que se encuentra en insolvencia actual tiene el deber de solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que conoció o debió conocer esa situación.

Sin embargo, este plazo debe interpretarse teniendo en cuenta los mecanismos preconcursales previstos en la legislación.

Por ejemplo, la comunicación al juzgado de la apertura de negociaciones con los acreedores puede producir determinados efectos sobre el deber de solicitar el concurso, siempre que se cumplan los requisitos legales.

Por eso, no conviene esperar al último momento para analizar la situación financiera.

Qué sucede si el administrador solicita el concurso demasiado tarde

El incumplimiento del deber de solicitar el concurso puede tener consecuencias relevantes.

En determinados supuestos, el retraso puede influir en la calificación del concurso como culpable, especialmente cuando se cumplen las circunstancias y presunciones establecidas legalmente.

No obstante, presentar tarde la solicitud no significa que el administrador deba responder automáticamente con su patrimonio personal de todas las deudas empresariales.

La posible responsabilidad debe analizarse atendiendo a la conducta del administrador, las causas de la insolvencia y los requisitos legales de cada acción.

¿Solicitar el concurso voluntario evita responsabilidades?

No necesariamente.

El concurso voluntario permite al deudor tomar la iniciativa, pero no elimina las consecuencias de actuaciones anteriores que puedan resultar contrarias a la legislación.

Si se han ocultado bienes, realizado operaciones perjudiciales para los acreedores o incumplido gravemente determinadas obligaciones, estas conductas pueden ser examinadas durante el procedimiento.

La clave no consiste únicamente en quién solicita el concurso, sino también en cómo se ha gestionado la empresa antes y durante la insolvencia.

¿Es mejor solicitar un concurso voluntario o esperar al concurso necesario?

Desde el punto de vista empresarial, esperar a que un acreedor solicite el concurso no debería considerarse una estrategia general de gestión de la insolvencia.

Cuando existen dificultades económicas graves, resulta preferible estudiar cuanto antes las alternativas disponibles.

Esto no significa que todas las empresas deban solicitar inmediatamente un concurso voluntario.

En determinadas circunstancias pueden existir soluciones de negociación o reestructuración que convenga valorar previamente.

Ventajas de analizar la insolvencia antes de que se agrave

Una evaluación temprana permite conocer la situación económica real de la sociedad.

Para ello, conviene revisar su tesorería, las obligaciones pendientes, los vencimientos y la capacidad de generar ingresos.

También es importante identificar si existen garantías personales, avales o compromisos asumidos por los administradores o socios.

Con esta información resulta más sencillo determinar qué opciones legales son viables.

Alternativas al concurso de acreedores

La legislación española contempla mecanismos preconcursales que pueden permitir abordar determinadas dificultades financieras.

Entre ellos se encuentran las negociaciones con acreedores y los planes de reestructuración, sujetos a sus correspondientes requisitos.

Estas herramientas pueden resultar útiles para empresas cuya actividad sigue siendo viable, pero que necesitan reorganizar sus obligaciones financieras.

Sin embargo, no todas las situaciones permiten alcanzar una solución negociada.

Cuando la insolvencia se encuentra muy avanzada, puede ser necesario acudir al procedimiento concursal correspondiente.

El procedimiento especial para microempresas

Existe además una cuestión importante para los negocios de menor tamaño.

La legislación concursal contempla un procedimiento especial para determinadas microempresas, con reglas propias de tramitación, continuación y liquidación.

Este régimen se aplica, en términos generales, a empresarios o sociedades que hayan empleado durante el año anterior una media inferior a diez trabajadores y que cumplan los umbrales económicos establecidos legalmente.

Por tanto, antes de comparar exclusivamente el concurso voluntario y el necesario, debe comprobarse si la empresa está sujeta a este procedimiento especial.

Esta distinción resulta especialmente relevante para pequeños negocios y autónomos con actividad empresarial.

Qué documentación conviene preparar ante una posible insolvencia empresarial

Cuando una empresa atraviesa dificultades financieras, disponer de información económica completa permite adoptar decisiones mejor fundamentadas.

Entre la documentación que habitualmente resulta relevante se encuentran:

• Las cuentas anuales y la información contable actualizada.
• La relación de acreedores, con identificación de importes y vencimientos.
• El inventario de bienes, derechos y obligaciones.
• Los contratos financieros y comerciales relevantes.
• La documentación relativa a garantías y avales.
• La información sobre trabajadores y obligaciones laborales.
• Las previsiones de tesorería y continuidad de la actividad.

La documentación exigible dependerá del procedimiento aplicable y de las circunstancias concretas de la empresa.

Es importante que los datos sean completos y coherentes, ya que una información incorrecta o incompleta puede complicar la tramitación judicial.

Cómo puede ayudar un abogado especializado en concursos de acreedores

Afrontar una situación de insolvencia requiere algo más que presentar una solicitud ante el juzgado.

Antes de iniciar cualquier procedimiento es necesario determinar cuál es la situación económica real, qué obligaciones legales existen y qué consecuencias puede tener cada alternativa.

El asesoramiento jurídico permite valorar cuestiones especialmente importantes para los administradores de sociedades, como la conservación de la actividad, las posibles responsabilidades personales o el tratamiento de las deudas.

En Maralta Legal ofrecemos asesoramiento a empresas y empresarios que necesitan afrontar situaciones de insolvencia y tomar decisiones con seguridad jurídica.

A través de nuestro servicio de asesoramiento en las fases del concurso de acreedores, ayudamos a analizar las circunstancias de cada caso y las actuaciones jurídicas que pueden resultar necesarias durante el procedimiento.

Nuestro objetivo es que los responsables empresariales comprendan las implicaciones de cada decisión y puedan actuar con información suficiente.

La importancia de actuar a tiempo ante una situación de insolvencia

Una empresa puede atravesar dificultades económicas sin que ello implique necesariamente el final de su actividad.

Sin embargo, ignorar los problemas financieros o retrasar decisiones importantes puede reducir las alternativas disponibles.

La diferencia entre el concurso voluntario y el necesario no se limita a una cuestión procesal. También influye en las facultades de administración y en la forma en que se desarrolla el procedimiento.

Por eso, cuando aparecen señales de insolvencia, lo recomendable es analizar la situación cuanto antes y determinar qué mecanismos legales resultan adecuados.

Actuar con diligencia no garantiza evitar el concurso ni todas sus consecuencias, pero puede ayudar a proteger mejor los intereses de la empresa y a reducir riesgos innecesarios.

Preguntas frecuentes sobre el concurso voluntario y el necesario

Un acuerdo comercial puede comenzar con una conversación, un intercambio de correos o un presupuesto aceptado. Sin embargo, cuando surgen discrepancias sobre los pagos, los plazos o las responsabilidades, lo que parecía una relación empresarial sencilla puede convertirse en un problema económico importante. Por eso, contar con contratos mercantiles bien redactados es una de las principales medidas de prevención jurídica para cualquier empresa.

En Maralta Legal, como despacho de abogados en Santander, sabemos que muchas pequeñas y medianas empresas centran sus esfuerzos en conseguir clientes, ampliar su actividad y mantener relaciones comerciales estables. No obstante, la protección jurídica de esos acuerdos no siempre recibe la atención necesaria.

Un contrato no debería limitarse a recoger lo que dos partes han acordado. También debe prever qué sucede cuando las circunstancias cambian, alguna obligación no se cumple o aparecen diferencias de interpretación.

A continuación, explicamos qué aspectos conviene revisar en los contratos mercantiles de una empresa y cómo una redacción adecuada puede ayudar a prevenir conflictos.

Qué son los contratos mercantiles y por qué son importantes para una empresa

Los contratos mercantiles son acuerdos que regulan determinadas relaciones y operaciones comerciales entre empresas, profesionales y otros operadores económicos.

Pueden utilizarse para establecer las condiciones de una compraventa, contratar servicios, regular una relación de distribución o definir las obligaciones de distintos colaboradores empresariales.

Su importancia va mucho más allá de dejar constancia de un acuerdo.

Un contrato correctamente elaborado permite establecer reglas claras desde el principio y ofrece un marco jurídico para resolver posibles discrepancias.

Diferencias entre un contrato civil y un contrato mercantil

Aunque ambos tipos de contratos generan derechos y obligaciones, su régimen jurídico puede ser diferente.

Los contratos mercantiles se encuentran regulados por el Código de Comercio y otras disposiciones especiales, mientras que los contratos civiles se rigen principalmente por el Código Civil.

La distinción no depende únicamente de que intervenga una empresa o exista una finalidad económica. También influyen la naturaleza de la operación y las normas aplicables a cada modalidad contractual.

Por ejemplo, determinadas compraventas realizadas en el ámbito comercial pueden tener carácter mercantil, mientras que otras operaciones, aunque intervenga una sociedad, pueden estar sujetas a normas civiles o específicas.

Identificar correctamente el tipo de contrato es importante porque puede afectar a los derechos de las partes, los plazos y las consecuencias de un incumplimiento.

La seguridad jurídica como herramienta de prevención

Pensemos en una pequeña empresa de Cantabria que contrata a un proveedor para suministrar materiales durante todo el año.

Al principio, la relación funciona correctamente. Los pedidos llegan a tiempo y los pagos se realizan sin incidencias.

Sin embargo, meses después, el proveedor comienza a retrasar las entregas. La empresa necesita esos materiales para cumplir sus compromisos con sus propios clientes.

Si el contrato no establece plazos, responsabilidades y mecanismos para afrontar los incumplimientos, resolver la situación puede resultar mucho más complicado.

Este ejemplo refleja una realidad habitual: los contratos mercantiles no solo sirven para formalizar relaciones comerciales, sino también para anticipar problemas y reducir sus consecuencias.

Qué cláusulas debe incluir un contrato mercantil bien redactado

No existe un modelo único válido para todas las operaciones empresariales. Cada contrato debe adaptarse al tipo de actividad, al valor económico del acuerdo y a los riesgos que asumen las partes.

No obstante, existen determinados elementos que conviene revisar antes de firmar.

Identificación de las partes y capacidad para contratar

El contrato debe identificar correctamente a las empresas o profesionales que intervienen.

Es recomendable incluir la denominación social, los datos fiscales, el domicilio y la identificación de quienes actúan en representación de cada entidad.

También es importante comprobar que la persona que firma dispone de facultades suficientes para obligar a la empresa.

Una identificación incorrecta o una representación insuficiente puede generar problemas a la hora de exigir el cumplimiento del acuerdo.

Objeto del contrato y obligaciones de cada parte

Uno de los errores más frecuentes consiste en describir de forma demasiado general el servicio o producto contratado.

Expresiones como «prestación de servicios de mantenimiento» o «suministro de materiales» pueden resultar insuficientes si no se concretan las condiciones.

Conviene especificar:

• Qué productos o servicios se incluyen.
• Qué prestaciones quedan expresamente excluidas.
• Cuáles son los plazos de entrega o ejecución.
• Qué responsabilidades asume cada parte.
• Cómo se verificará el cumplimiento del acuerdo.

Cuanto mayor sea la precisión, menor será el margen para interpretaciones contradictorias.

Condiciones económicas, facturación y plazos de pago

El precio es uno de los elementos centrales de cualquier operación comercial, pero no debería ser el único aspecto económico regulado.

También conviene establecer cuándo se emiten las facturas, qué plazos de pago se aplican y cómo se gestionan los gastos adicionales.

En las operaciones comerciales debe tenerse en cuenta, además, la normativa sobre lucha contra la morosidad.

Un ejemplo frecuente aparece cuando una empresa realiza trabajos adicionales que no estaban contemplados en el presupuesto inicial.

Si no existe un procedimiento para aprobar modificaciones y sus costes, pueden surgir desacuerdos cuando llega el momento de facturar.

Incumplimientos, penalizaciones y resolución del contrato

¿Qué sucede si un proveedor no entrega a tiempo? ¿Y si un cliente deja de pagar? ¿Puede una de las partes finalizar el acuerdo antes de su vencimiento?

Estas preguntas deberían encontrar respuesta en el contrato.

Las cláusulas de incumplimiento permiten definir las consecuencias de determinadas conductas y establecer mecanismos para resolver conflictos.

No obstante, las penalizaciones deben redactarse respetando la legislación aplicable y teniendo en cuenta las características del acuerdo.

También es recomendable regular las causas de resolución anticipada y, cuando corresponda, los plazos de preaviso.

Confidencialidad y protección de la información empresarial

En determinadas relaciones comerciales se comparte información sensible: tarifas, bases de clientes, procesos internos, estrategias comerciales o documentación técnica.

Cuando esto ocurre, conviene establecer obligaciones de confidencialidad que definan qué información debe protegerse, durante cuánto tiempo y qué usos están permitidos.

Estas cláusulas pueden resultar especialmente relevantes en contratos con proveedores tecnológicos, colaboradores externos y empresas que participan en proyectos conjuntos.

Errores frecuentes en los contratos mercantiles que pueden perjudicar a una pyme

Muchos conflictos empresariales no surgen porque una de las partes pretenda incumplir desde el principio.

En ocasiones, el problema está en que el acuerdo se formalizó sin prever situaciones habituales.

Utilizar modelos genéricos sin adaptarlos al negocio

Internet ofrece numerosos modelos de contratos que pueden servir como referencia inicial.

Sin embargo, copiar un documento sin revisar su contenido puede generar una falsa sensación de seguridad.

Un contrato preparado para una empresa de distribución no necesariamente resulta adecuado para una compañía de servicios profesionales.

Las obligaciones, los riesgos y las condiciones comerciales pueden ser completamente diferentes.

Además, algunos modelos contienen cláusulas desactualizadas o referencias normativas que no corresponden a la operación.

Confiar únicamente en acuerdos verbales

En España, muchos contratos pueden ser válidos aunque no se formalicen por escrito, siempre que concurran los requisitos legales correspondientes y no exista una exigencia específica de forma.

Sin embargo, demostrar posteriormente qué se acordó puede ser complicado.

Una empresa puede encontrarse con dificultades para acreditar un plazo de entrega, una condición económica o una modificación solicitada por el cliente.

Por eso, aunque no siempre sea obligatorio, documentar los acuerdos comerciales por escrito constituye una medida de prevención recomendable.

No revisar las condiciones antes de renovar un contrato

Las necesidades de una empresa cambian con el tiempo.

Un contrato que resultaba adecuado hace varios años puede dejar de responder a la realidad del negocio.

Por ejemplo, una empresa puede haber aumentado considerablemente el volumen de compras a un proveedor sin actualizar las condiciones económicas, las garantías o las responsabilidades.

Revisar periódicamente los acuerdos más importantes permite detectar estas situaciones antes de que generen conflictos.

Tipos de contratos mercantiles habituales en las empresas

La contratación mercantil abarca numerosas operaciones. Entre las más frecuentes en pymes y negocios consolidados encontramos las siguientes.

Contratos de prestación de servicios

Regulan la relación entre una empresa y un profesional o proveedor que realiza determinados trabajos.

Es habitual utilizarlos en actividades de consultoría, mantenimiento, desarrollo tecnológico, marketing o servicios especializados.

Deben definir con claridad las prestaciones contratadas, las condiciones económicas, los plazos y las responsabilidades.

Contratos de suministro y compraventa mercantil

Son especialmente relevantes para empresas comerciales, industriales y negocios que dependen de proveedores.

Permiten establecer condiciones sobre cantidades, calidad de los productos, entregas, pagos e incidencias.

Una regulación adecuada ayuda a reducir los conflictos derivados de retrasos o mercancías que no cumplen las características acordadas.

Contratos de distribución y agencia

Estos acuerdos permiten organizar determinadas relaciones comerciales con intermediarios y colaboradores.

Aunque pueden parecer similares, presentan diferencias jurídicas importantes.

En particular, los contratos de agencia cuentan con una regulación específica que debe considerarse al establecer derechos, obligaciones y condiciones de finalización de la relación.

Contratos de confidencialidad y colaboración empresarial

Cuando varias empresas comparten información o participan conjuntamente en un proyecto, es conveniente delimitar sus responsabilidades.

Estos acuerdos pueden regular la utilización de información confidencial, la propiedad de determinados resultados y las condiciones de colaboración.

Contratos mercantiles en la actividad digital y las operaciones internacionales

La digitalización ha transformado la forma en que las empresas contratan, prestan servicios y mantienen relaciones comerciales.

Actualmente, muchas operaciones se formalizan a distancia, mediante plataformas electrónicas o sistemas de firma digital.

Firma electrónica y contratación online

Los contratos electrónicos pueden tener plena validez jurídica cuando cumplen los requisitos aplicables.

Sin embargo, es importante garantizar que pueda acreditarse la identidad de los firmantes, la integridad del documento y la aceptación de las condiciones.

También conviene conservar adecuadamente las evidencias relacionadas con la firma y formalización del acuerdo.

Protección de datos en contratos con proveedores

Cuando un proveedor necesita acceder a datos personales por cuenta de una empresa, puede ser necesario formalizar un contrato de encargo del tratamiento conforme al Reglamento General de Protección de Datos.

Esto ocurre, por ejemplo, con determinados proveedores de software, servicios informáticos o gestión de información.

No basta con incluir una cláusula genérica de confidencialidad: deben analizarse las obligaciones específicas de protección de datos que correspondan a cada relación.

Contratación con empresas extranjeras

Cuando una pyme comienza a trabajar con clientes o proveedores internacionales, aparecen cuestiones adicionales.

Entre ellas, la legislación aplicable, la jurisdicción competente, las condiciones de entrega, las divisas y los mecanismos de resolución de conflictos.

Una cláusula aparentemente secundaria puede tener consecuencias económicas importantes si surge una disputa que debe resolverse fuera de España.

Cuándo conviene contar con un abogado especializado en contratos mercantiles

No todos los contratos presentan el mismo nivel de complejidad.

Sin embargo, cuando una operación tiene un importe elevado, implica obligaciones prolongadas o puede comprometer la continuidad del negocio, resulta especialmente conveniente revisar sus condiciones antes de firmar.

También es recomendable solicitar asesoramiento cuando existen cláusulas difíciles de interpretar, responsabilidades económicas relevantes o relaciones comerciales con varias partes.

En Maralta Legal ofrecemos asesoramiento jurídico a empresas y profesionales que necesitan formalizar sus acuerdos con mayor seguridad.

Nuestro servicio de redacción de contratos civiles o mercantiles está orientado a estudiar las características de cada operación y establecer condiciones adaptadas a las necesidades de las partes.

El objetivo no es incorporar cláusulas innecesarias, sino identificar los riesgos relevantes y regularlos de manera clara.

La importancia de revisar los contratos antes de que aparezca un conflicto

En muchas empresas, la revisión jurídica se plantea cuando ya existe un impago, una reclamación o una discrepancia con un proveedor.

Sin embargo, en ese momento las posibilidades de actuación pueden estar condicionadas por lo que se firmó inicialmente.

Un contrato mercantil bien diseñado no elimina todos los riesgos empresariales, pero permite reducir incertidumbres y facilita la defensa de los intereses de la compañía.

Por eso, revisar los acuerdos más importantes debería formar parte de la gestión habitual de cualquier pyme.

La prevención jurídica no consiste en complicar las relaciones comerciales, sino en establecer unas condiciones claras para que puedan desarrollarse con mayor seguridad.

Preguntas frecuentes sobre contratos mercantiles para empresas

Acceder a la Ley de Segunda Oportunidad exige cumplir requisitos legales estrictos. Es vital acreditar la insolvencia real y la buena fe del deudor. La preparación correcta incluye una documentación financiera completa y elegir la vía procesal adecuada. Un asesoramiento experto asegura el éxito del procedimiento y la exoneración de las deudas.

Requisitos legales y perfil del deudor para acceder al mecanismo

Para navegar por este procedimiento es fundamental entender que la legislación española exige cumplir una serie de condiciones estrictas. No se trata de un derecho automático, sino de una excepción legal que requiere acreditar una situación objetiva y subjetiva concreta.

¿Quiénes pueden iniciar este proceso?

El marco normativo está diseñado específicamente para ayudar a las personas físicas y a los autónomos que han perdido la capacidad de hacer frente a sus obligaciones financieras. Esta figura jurídica busca ofrecer una salida digna a quienes, tras analizar su situación patrimonial, carecen de recursos suficientes para pagar a sus acreedores de manera regular. El objetivo último es permitir la recuperación económica y personal, evitando que la carga de la deuda se vuelva insostenible con el paso del tiempo. Es crucial destacar que el acceso está reservado a individuos que actúan fuera del ámbito estrictamente mercantil corporativo.

Personas físicas y autónomos en situación de insolvencia

La ley protege tanto a trabajadores por cuenta ajena como a pensionistas o profesionales que operan de forma independiente. La condición clave es demostrar la insolvencia real, es decir, la imposibilidad actual o inminente de cumplir con las deudas vencidas. Esta situación debe ser objetiva y verificable mediante la documentación financiera correspondiente.

Exclusión de sociedades mercantiles y límites económicos

Las sociedades mercantiles, como las sociedades de responsabilidad limitada o anónimas, no tienen cabida en este mecanismo. Dichas entidades deben acudir a la vía del concurso de acreedores, que posee un régimen jurídico distinto. Además, existe un límite cuantitativo estricto: el total de las deudas no puede superar los cinco millones de euros. Superar esta cifra impide la aplicación de esta ley, obligando a buscar otras vías legales de solución.

El filtro fundamental: la buena fe del deudor

La acreditación de la buena fe es, posiblemente, el requisito más delicado y determinante. No basta con tener deudas; el deudor debe demostrar que su situación no ha sido causada por una conducta negligente o fraudulenta. El juzgado examinará minuciosamente la conducta previa del solicitante para evitar que este mecanismo sirva para eludir responsabilidades generadas por imprudencia o dolo.

Ausencia de condenas penales por delitos económicos

Es imperativo no contar con condenas firmes por delitos relacionados con la economía, como estafa, fraude, administración deshonesta o falsedad documental, especialmente si las penas impuestas superan los tres años de prisión. Este requisito busca blindar el procedimiento frente a personas que han utilizado el engaño como método habitual.

Conducta previa: no haber sido declarado culpable en concursos anteriores

La legislación establece un periodo de tiempo durante el cual no se puede acceder a la exoneración si se ha sido declarado culpable en un procedimiento anterior. Asimismo, no se puede haber acudido a esta misma ley en los diez años inmediatamente anteriores a la solicitud actual. Esto garantiza que la herramienta se reserve para quienes realmente lo necesitan y no se utilice de forma reiterada de manera abusiva.

Evitar gastos superfluos y ocultación de bienes

Se exige una transparencia absoluta. Cualquier intento de ocultar bienes, realizar ventas con precios inferiores al de mercado previo a la declaración de insolvencia, o mantener un nivel de gastos desproporcionado respecto a los ingresos, se interpretará como falta de buena fe. Esta conducta puede derivar en la denegación total del beneficio, condenando al deudor a mantener la responsabilidad con todo su patrimonio presente y futuro.

Límites de deuda aplicables en 2026

La actualización normativa de 2022 mantuvo ciertos umbrales cuantitativos que siguen vigentes en 2026. Estos límites son fundamentales para determinar la viabilidad del expediente desde el primer momento.

El techo de cinco millones de euros como requisito esencial

El límite global de la deuda se fija en cinco millones de euros. Esta cifra incluye tanto las deudas privadas como las públicas. Si el monto total supera este techo, el procedimiento ordinario de segunda oportunidad no es viable. Por tanto, la evaluación inicial del volumen de obligaciones es un paso crítico para orientar la estrategia legal correcta.

Además, los requisitos y condiciones de acceso al procedimiento se encuentran regulados en la normativa concursal vigente, cuyo texto actualizado puede consultarse directamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Estrategia de documentación y elección de la vía procesal

Compilación exhaustiva de la documentación económica

Acreditación de ingresos y gastos indispensables

Para demostrar la insolvencia, es necesario aportar pruebas tangibles sobre la capacidad económica. Deben incluirse nóminas, declaraciones de la renta y justificantes de prestaciones sociales. Asimismo, los extractos bancarios de los últimos veinticuatro meses son fundamentales para verificar la periodicidad de los ingresos y los gastos fijos e indispensables para vivir.

Inventario detallado de bienes, cuentas y derechos

El deudor debe declarar todos sus activos, presentes y futuros. Este listado debe cubrir inmuebles con sus escrituras, vehículos, cuentas bancarias, seguros de vida o ahorro, y participaciones en sociedades. En el caso de autónomos, se incluyen maquinaria y stock, aunque se pueden excluir los bienes estrictamente necesarios para la actividad profesional.

Una preparación adecuada no solo permite acreditar correctamente la situación de insolvencia, sino también elegir la estrategia más adecuada para cada caso. Si quieres conocer en detalle las fases del procedimiento, puedes consultar nuestra guía sobre cómo solicitar la Segunda Oportunidad, donde explicamos paso a paso el proceso desde el análisis inicial hasta la posible exoneración de las deudas.

Preguntas frecuentes sobre heredar una vivienda con cargas

Recibir una herencia suele asociarse a la idea de continuidad familiar, patrimonio o recuerdo de quien ha fallecido, pero en la práctica muchas personas descubren que aceptar determinados bienes exige antes responder una pregunta esencial: qué obligaciones van unidas a ese patrimonio. Como abogados en Santander, vemos con frecuencia situaciones en las que una vivienda heredada genera dudas desde el primer momento: hay una hipoteca pendiente, aparecen deudas de comunidad, existe un embargo o simplemente nadie sabe con certeza cuál es la situación real del inmueble. Por eso, antes de firmar cualquier aceptación, conviene entender bien qué implica heredar una vivienda con cargas y qué alternativas legales existen.

Aceptar una herencia no es solo recibir bienes. También puede significar asumir obligaciones. Y cuando dentro de la herencia hay un inmueble, el análisis debe hacerse con calma, porque una decisión precipitada puede tener consecuencias patrimoniales importantes.

Qué significa realmente heredar una vivienda con cargas

Muchas veces se utiliza la expresión “la vivienda tiene cargas” sin saber exactamente qué engloba.

Una carga no es necesariamente un problema insalvable, pero sí un elemento jurídico que condiciona el valor real del inmueble o las obligaciones del heredero.

Hipoteca pendiente

La situación más frecuente es que la vivienda heredada tenga una hipoteca viva.

Esto significa que sobre el inmueble sigue existiendo una deuda garantizada con el banco.

La vivienda puede pasar a formar parte de la herencia, pero la deuda hipotecaria no desaparece por el fallecimiento.

Por ejemplo:

Una persona hereda un piso cuyo valor de mercado es de 180.000 euros, pero todavía quedan 65.000 euros pendientes de hipoteca.

A primera vista puede parecer una herencia claramente positiva, pero antes de decidir conviene estudiar:

• cuotas pendientes
  
• condiciones del préstamo
  
• existencia de seguros asociados
  
• capacidad real de asumir ese compromiso
  

Porque heredar el inmueble implica también asumir esa posición jurídica.

No toda carga es una hipoteca

En ocasiones la vivienda presenta otras cargas menos visibles.

Embargos inscritos

Puede existir un embargo anotado en el Registro de la Propiedad.

Esto ocurre cuando el titular fallecido tenía deudas pendientes y un acreedor ha asegurado su derecho sobre el inmueble.

Ese embargo no desaparece automáticamente.

El heredero debe saber:

• qué importe garantiza
  
• quién es el acreedor
  
• en qué estado está el procedimiento
  

Usufructo

También es frecuente encontrar viviendas con usufructo.

Por ejemplo:

La propiedad corresponde a varios herederos, pero otra persona conserva el derecho de uso.

Eso afecta directamente al valor real del inmueble y a las posibilidades de venta o disfrute.

Deudas de comunidad

Un punto que muchas familias descubren tarde:

las cuotas pendientes de comunidad también pueden afectar al inmueble.

Si durante años no se pagaron derramas o cuotas ordinarias, esa deuda acompaña a la vivienda.

El error más frecuente: aceptar sin revisar

En muchos casos la aceptación de herencia se produce con rapidez, movida por la urgencia emocional o por la confianza en que “ya se verá después”.

Ese es uno de los errores más delicados.

Porque cuando se produce una aceptación pura y simple, el heredero asume no solo bienes, sino también obligaciones.

Qué significa aceptación pura y simple

Supone que el heredero responde de las cargas hereditarias incluso con su propio patrimonio si fuera necesario.

Es decir:

Si la herencia genera más obligaciones que valor patrimonial, el riesgo no se limita a lo heredado.

Aquí es donde muchas personas entienden tarde por qué conviene estudiar primero.

Antes de aceptar, primero hay que saber qué se hereda realmente

No basta con saber que existe una vivienda.

Hay que conocer:

• situación registral
  
• situación fiscal
  
• cargas financieras
  
• estado posesorio
  
• deudas asociadas
  

El Registro de la Propiedad es el primer paso

Solicitar una nota simple permite conocer:

• titularidad
  
• hipotecas
  
• embargos
  
• usufructos
  
• limitaciones registrales
  

Sin este documento, decidir es arriesgado.

Pero el Registro no lo dice todo

Hay cargas que no siempre aparecen inmediatamente.

Por ejemplo:

• deuda de comunidad
  
• suministros pendientes
  
• determinados tributos
  

Por eso el análisis debe ser global.

Qué opciones legales existen antes de aceptar

Aquí está la parte más importante: aceptar una herencia no es una obligación inmediata ni única.

Existen mecanismos legales que permiten decidir con seguridad.

Aceptación a beneficio de inventario

Esta es una herramienta esencial cuando existe incertidumbre.

Permite aceptar la herencia limitando la responsabilidad al patrimonio heredado.

Esto significa:

Si las deudas superan el valor de la herencia, el heredero no responde con su patrimonio personal.

Es una fórmula especialmente recomendable cuando:

• no se conoce bien el pasivo
  
• hay varios acreedores
  
• existe una vivienda con cargas relevantes
  

Por qué muchas personas no la utilizan

Porque desconocen su alcance o llegan a firmar antes de recibir asesoramiento.

Y sin embargo, es una vía jurídica muy útil.

Renunciar a la herencia

También existe la posibilidad de renunciar.

Pero esta decisión exige reflexión.

Porque la renuncia es total.

No se puede aceptar una parte y rechazar otra.

Es decir:

no se puede decir “quiero la vivienda pero no la deuda”.

La herencia se acepta o se renuncia como conjunto.

Cuándo puede tener sentido renunciar

Cuando:

• el pasivo supera claramente el activo
  
• la vivienda tiene cargas muy elevadas
  
• existen conflictos sucesorios complejos
  

Heredar una vivienda hipotecada: qué conviene analizar

Cuando hay hipoteca pendiente, la primera reacción suele ser pensar:

“¿Tengo que seguir pagando?”

La respuesta depende del caso.

Hay que estudiar si existe seguro de vida vinculado

En algunos préstamos hipotecarios hay seguros que pueden cubrir total o parcialmente la deuda.

Esto cambia completamente el escenario.

También importa el valor real del inmueble

Porque una hipoteca pendiente no convierte automáticamente la herencia en mala decisión.

Si el valor neto sigue siendo positivo, puede ser razonable aceptar.

Qué ocurre si hay varios herederos

Aquí aparecen muchos conflictos.

Una vivienda heredada entre hermanos o familiares puede complicarse si:

• uno quiere vender
  
• otro quiere conservar
  
• otro no quiere asumir cargas
  

La carga jurídica sigue existiendo aunque no haya acuerdo familiar.

Por eso es importante ordenar primero la situación jurídica antes de discutir soluciones patrimoniales.

Error habitual: confiar solo en lo que se comenta en familia

Muchas veces se escucha:

“Creo que ya estaba pagado.”
“No debía quedar casi nada.”
“Ese embargo ya no existe.”

Pero sin comprobación documental, todo eso es insuficiente.

En herencias, la información verbal no protege jurídicamente.

También hay que analizar el impacto fiscal

Aceptar una vivienda heredada implica además obligaciones fiscales.

Y esto debe incorporarse a la decisión.

Porque una vivienda con cargas puede exigir:

• impuesto de sucesiones
  
• plusvalía municipal
  
• gastos notariales
  
• inscripción registral
  

Todo ello forma parte del coste real de aceptar.

Cuándo conviene pedir asesoramiento antes de firmar

Siempre que exista una mínima duda.

Especialmente si hay:

• varios herederos
  
• cargas registrales
  
• deudas familiares previas
  
• conflicto entre familiares
  

Porque una firma precipitada puede condicionar todo el proceso posterior.

La carga emocional también influye

No hay que olvidar algo importante:

Las decisiones sucesorias se toman muchas veces en un contexto emocional difícil.

Fallecimiento reciente, tensión familiar, urgencia por cerrar trámites.

Por eso es normal querer resolver rápido.

Pero jurídicamente conviene detenerse y analizar.

Heredar una vivienda con cargas no significa necesariamente recibir un problema, pero sí exige comprender exactamente qué se está aceptando.

Una vivienda puede seguir siendo una herencia valiosa aunque tenga hipoteca o determinadas obligaciones.

La diferencia está en decidir con información completa.

Aceptar bien es protegerse.

Y en herencias, una buena decisión inicial evita muchos conflictos posteriores.

Preguntas frecuentes sobre heredar una vivienda con cargas